Modificacion ley 6730 Xumek

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    23-Jan-2017

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FUNDAMENTOSPAGE 1FUNDAMENTOSH. Cmara: El presente Proyecto de Ley tiene por objeto modificar el artculo 10 de la Ley Provincial 6730, introduciendo un tercer prrafo, en cuanto regula la figura del querellante particular, a fin de darle un mayor alcance a la participacin en los procesos penales en los que se investigue el femicidio y otras graves violaciones a los derechos humanos. Esta modificacin se propone teniendo en cuenta que, la violencia contra la mujer, constituye una violacin a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y que en este sentido, el femicidio es el ms grave delito que implica una ofensa a la dignidad humana y una manifestacin de las relaciones de poder histricamente desiguales entre mujeres y hombres. Pero adems cabe aclarar que el artculo 82 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin ya contempla esta norma. La Convencin de Belm Do Par define la violencia contra la mujer como aquella que incluye la violencia fsica, sexual y psicolgica que tenga lugar dentro de la familia o unidad domstica o en cualquier otra relacin interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violacin, maltrato y abuso sexual; o que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violacin, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitucin forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, as como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Esta definicin incluye entre los victimarios a toda persona, sin distincin de su condicin o funcin, abarcando las relaciones interpersonales, comunitarias o las relaciones que se concretan entre los particulares y los agentes estatales. En virtud de ello, resulta de fundamental importancia, ampliar las facultades del querellante para los casos de femicidios y de graves violaciones a los derechos humanos, permitiendo que asociaciones civiles o fundaciones, que en sus estatutos tengan por objeto la defensa de los derechos de la mujer y los derechos humanos, puedan adquirir el rol de querellante particular y colaborar en el impulso de las investigaciones penales en estos hechos que afectan sectores de altsima vulnerabilidad. Esta necesidad se confirma con lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso GONZLEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MXICO, sentencia del 16 de noviembre de 2009, en la que se resolvi que el Estado deber remover todos los obstculos de jure o de facto que impidan la debida investigacin de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repeticin de hechos iguales o anlogos a los del presente caso. Adems recomend al Estado que la investigacin incluya una perspectiva de gnero, que los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempear las tareas de manera adecuada e inst a que el Estado de Mxico, en un plazo razonable, contine con la estandarizacin de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigacin, servicios periciales y de imparticin de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevencin e Investigacin Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estndares internacionales de bsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de gnero. Pero adems, resultan emblemticos dos femicidios ocurridos en nuestra Provincia, en los que la justicia ha intentado avanzar durante varios aos sin resultados concretos, como son los casos de Johana Chacn y de Soledad Olivera, en los que seguramente sera muy til la participacin de sectores de la comunidad que bregan por la vigencia de los derechos de las mujeres. Por todo lo expresado, es que resulta de suma importancia reformar el artculo 10 de la Ley Provincial 6730 de modo tal de ampliar las facultades del querellante particular en los casos de femicidio y de graves violaciones a los derechos humanos, para dar mayor impulso a las investigaciones de estos gravsimos delitos y cumplir de este modo con la obligacin impuesta al Estado por las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. Por estos fundamentos y otros que aportaremos en ocasin del tratamiento del presente Proyecto de Resolucin, es que solicitamos a esta Honorable Cmara su aprobacin.-Mendoza, 04 de julio de 2016.Farm. Claudia Najul Dr. Juan Carlos Jaliff Senadora Pcial. Senador Pcial. Bloque UCR Bloque UCRPROYECTO DE LEYEL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZASANCIONAN CON FUERZA DELEY: Artculo 1: Sustityase el artculo N 10 de la Ley Provincial N 6730 que quedar redactado de la siguiente manera: Artculo 10: Querellante particular.El ofendido Penalmente por un delito de accin pblica, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, podrn intervenir en el proceso como querellante particular en la forma especial que este Cdigo establece, y sin perjuicio de ejercer conjuntamente la accin civil resarcitoria. Si el querellante particular se constituyera, a la vez, en actor civil, podrn formular ambas instancias en un solo escrito, con observancia de los requisitos previstos para cada acto.El mismo derecho tendr cualquier persona contra funcionarios pblicos, que en el ejercicio de su funcin o con ocasin de ella, hayan violado derechos humanos; cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios que han abusado de su cargo as como contra quienes cometen delitos que lesionan intereses difusos.Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, podrn constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen femicidios y graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados.En todos los casos el tribunal interviniente podr ordenar la unificacin de personera si la cantidad de sujetos querellantes dificultare la agilidad del proceso.Art. 2: De forma. Mendoza, 04 julio de 2016.-Farm. Claudia Najul Dr. Juan Carlos Jaliff Senadora Pcial. Senador Pcial. Bloque UCR Bloque UCRJaliff, Najul- Ley- Modificacin Ley 6730 Art. 10