FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRANSITO ... ? FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRANSITO ...

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  • FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRANSITO - Inexistencia de falla y aplicacin del rgimen de responsabilidad objetiva en virtud del principio Iura novit curia / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA - Aplicacin en acciones de reparacin directa / RESPONSABILIDAD OBJETIVA - En accidentes de trnsito / TEORIA DEL RIESGO EXCEPCIONAL - En accidente de trnsito / CASO FORTUITO - Inexistencia Estima la Sala que el caso lo dilucidar dentro del de responsabilidad objetiva, porque de los hechos probados slo se sabe que la vctima sufri lesiones fsicas de gravedad, que lo condujeron a la muerte, a consecuencia del accidente del vehculo oficial en que se transportaba. La aplicacin de otro rgimen de responsabilidad patrimonial distinto al invocado en la demanda, tiene su causa en el principio iura novit curia. Sobre este punto la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluy que en forma excepcional, cuando no se juzgue la legalidad o ilegalidad de la actuacin u omisin de la Administracion, sino que directamente se reclama la reparacin del dao mediante el reconocimiento de una indemnizacin, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante. En ese rgimen de responsabilidad, objetivo, debe el demandante demostrar: -el hecho daoso, -el dao y -el nexo de causalidad adecuado. En cuanto al hecho daador: El demandante no tiene que demostrar, como en el rgimen de falla probada, la calificacin de la conducta subjetiva del demandado; le basta demostrar la ocurrencia del hecho; lo mismo ocurre respecto del demandado al cual que no le sirve establecer diligencia y cuidado propios. En cuanto al dao: El demandante tiene que representar al juez la existencia de un dao (s) que rena (n) las siguientes cualidades: cierto, particular, anormal y recaer sobre una situacin, jurdica o de acto o de hecho, que est protegida jurdicamente o que se la haya generado el Estado por conductas de confianza legtima. En cuanto al nexo de causalidad: El demandante tambin tiene que demostrar este otro y ltimo elemento de responsabilidad objetiva,

  • mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha sealado en materia de relacin causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el legislador infiera la causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el adecuado nexo de causalidad. La prueba del nexo referido puede ser: -directa, mediante los medios probatorios que lo representan por si mismo. -indirecta, mediante indicios; este medio probatorio, lgico indirecto, requiere de la demostracin de unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado. El demandado para exonerarse deber probar una causa extraa (hechos exclusivos de la vctima o del tercero y fuerza mayor). DAMNIFICADO - Pruebas y presunciones / DAMNIFICADO - Hijastro / HEREDERO Y DAMNIFICADO - Diferencias / PERJUICIOS MORALES A HIJASTROS - Procedencia en calidad de damnificados La Sala ha definido en diversos pronunciamientos que la condicin personal de la que pende la demostracin del dao la de damnificado, puesto que: tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vnculo matrimonial, hacen presumir tal condicin y por consiguiente la legitimacin. Ha explicado igualmente que: en el proceso de reparacin directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado y esta se demuestra a lo largo del proceso. Y en otra providencia proferida recientemente, el da 17 de mayo de 2001, se explic que la ley, artculo 86 del C.C.A., en materia de la accin de reparacin directa, otorga el derecho de accin a la persona interesada (legitimacin de hecho, por activa) y no condiciona su ejercicio a la demostracin, con la demanda, de la condicin que se alega en sta, precisamente, porque el real inters es objeto de probanza en juicio (legitimacin material por activa). No se puede confundir la prueba del estado civil con la prueba de la legitimacin material en la causa. Cuando la jurisprudencia parti de la prueba del estado civil para deducir, judicialmente, que una persona est legitimada materialmente por activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba del estado civil contenida en el

  • registro o en la copia de ste - su estado de damnificado, porque de ese registro infiere el dolor moral. Es por ello que cuando el demandante no acredita el parentesco relacin jurdica civil - y por tanto no se puede inferir el dolor, debe demostrar el dolor para probar su estado de damnificado y con ste su legitimacin material en la causa situacin jurdica de hecho -. Entonces puede concluirse que con la demostracin del estado civil se infiere el dao (presuncin de damnificado) y probando el dao se demuestra el estado de damnificado. Partiendo de ese estudio, de una parte, la Sala est de acuerdo con lo afirmado por el Tribunal en relacin con la calidad de damnificada de la seora Ana Ruth Carabal Lucum, pero disiente de otras de sus apreciaciones en cuanto la situacin de los menores hijos de aquella seora y respecto del trato que tenan con la vctima directa, toda vez que la comunidad probatoria muestra, hace patente, que ellos sufrieron tambin con la muerte del seor Celso Lucum Campo, la prdida del afecto y ayuda econmica que les prodigaba. En consecuencia, la circunstancia de que no se hubiese acreditado que Celso Lucum era el padre de los menores, no impide el reconocimiento para stos de su condicin de damnificados. Nota de Relatora: Ver sentencias del 26 de octubre de 1993, Exp. 7793; del 1 de noviembre de 1991, Exp. 6469 y del 1 de octubre de 1993, Exp. 6657 PERJUICIOS MATERIALES - Reconocimiento por muerte de detenido La vctima estaba privada de la libertad porque pesaba sobre l una medida cautelar; tal prdida de libertad no atacaban su estado presunto de inocencia, de acuerdo con la Carta Constitucional (art. 29). Por lo tanto puede considerrsele como econmicamente productivo, sin restriccin alguna. En otras palabras, la sola circunstancia relativa a que la vctima estuviese privado de la libertad al momento de su muerte, no impide concluir la existencia del perjuicio material de los demandantes. La liquidacin de dichos perjuicios se har de una parte, en favor de la seora Carabal Lucum por el tiempo de vida que le quedaba a Celso Lucum Campo, por cuanto ste era mayor que aquella

  • y, de otra parte, en favor de los menores hasta el momento en el cual cumplan los 18 aos - mayora de edad - Se tomar como suma base para la liquidacin del perjuicio material, el salario mnimo legal vigente para la fecha de esta sentencia. Esa suma base de liquidacin se reducir en un 25%, equivalente al porcentaje que, se calcula, la vctima dedicaba a su propia subsistencia, en consideracin al nmero de personas a las cuales brindaba sostenimiento econmico. Ee ese valor se tomar el 50 o/o para la compaera y el 50 o/o restante ser dividido entre los cinco menores.

    CONSEJO DE ESTADO

    SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

    SECCION TERCERA

    Consejera ponente: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ

    Bogot, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil uno (2.001)

    Radicacin nmero: 19001-23-31-000-1993-2819-01(12819)

    Actor: ANA RUTH CARABAL LUCUMI Y OTROS

    Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA

  • I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelacin interpuesto por la actora contra la sentencia proferida, el da 8 de agosto de 1996, por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual resolvi:

    1). Declrase a la NACIN MINISTERIO DE JUSTICIA, DIRECCIN GENERAL DE PRISIONES, hoy INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- administrativamente responsable de la muerte del Seor CELSO LUCUMI CAMPO, el da 5 de Octubre de 1.991, cuando era transportado en un vehculo oficial perteneciente a la Crcel de Santander de Quilichao, Cauca.

    2). Como consecuencia de lo anterior, condnase al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- a pagar al demandante los perjuicios causados as:

    En su calidad de compaera permanente, para la seora ANA RUTH CARABAL LUCUMI, la cantidad de mil (1.000) gramos oro.

    El valor anterior se entender como condena en concreto y se liquidar en pesos colombianos conforme a certificado que sobre el precio interno del oro a la fecha de ejecutoria de esta sentencia expida el Bando de la Repblica.

    3). Como consecuencia de lo anterior, condnase al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- a pagar a la demandante los perjuicios materiales causados, as:

  • LUCRO CESANTE, la cantidad de DIECISIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($16931.457).

    4). Niganse las restantes splicas de la demanda, por las razones que se expresan en esta providencia.

    5). Las condenas se cumplirn en los trminos de los artculos 176 y 177 del C.C.A.

    6). Sin costas (art. 171 del C.C.A.)

    7). Envense copias de esta providencia con las constancia (sic) de notificacin y ejecutoria al Seor Director del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC-, al Seor Ministro de Hacienda y Crdito Pblico, a la Procuradura General de la Nacin y al Seor Procurador Judicial en Asuntos Administrativos de la Corporacin y al interesado (fols. 106 y 107 c. ppal; maysculas y negrillas del texto).

    II. Antecedentes procesales.

    A. Actuacin de primera instancia.

    1. Demanda:

    Fue formulada ante el Tribunal Administrativo del Cauca, el da 12 de agosto de 1993, por Ana Ruth Carabal Lucumi, mediante apoderado judicial, en nombre propio y en representacin de sus hijos menores Marlon Gustavo, Albeiro, Yolanda, Libia y Martha July Carabal Lucumi.

  • a. Pretensiones:

    Se dirigieron en contra de la Nacin (Ministerio de Justicia, Direccin General de Prisiones) con el propsito de que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y patrimoniales ocasionados a los demandantes por la muerte del seor Celso Lucum Campo ocurrida el da 5 de octubre de 1991 en el Hospital Universitario de la ciudad de Santiago de Cali; as:

    PRIMERA- EL ESTADO COLOMBIANO (NACIN)-MINISTERIO DE JUSTICIA-DIRECCION GENERAL DE PRISIONES, es responsable administrativamente de los daos y perjuicios, tanto morales como materiales ocasionados a ANA RUTH CARABAL LUCUMI, GUSTAVO CARABAL LUCUMI, ALBEIRO CARABAL LUCUMI, YOLANDA CARABAL LUCUMI, LIGIA CARABAL LUCUMI y a MARTHA JULY CARABAL LUCUMI, con la muerte accidental del CELSO LUCUMI CAMPO, compaero permanente de la primera y presunto padre extramatrimonial de los menores, acaecida en el Hospital Universitario de la ciudad de Santiago de Cali el da 5 de octubre de 1.991, a consecuencia de grave lesin que sufri al caerse de un vehculo oficial cuando en calidad de detenido era transportado de la poblacin de Surez Cauca a Santander de Quilichao, ocurriendo el accidente en jurisdiccin del corregimiento de Timba, Cauca.

    SEGUNDA Como consecuencia de la anterior declaracin, CONDENASE AL ESTADO COLOMBIANO (NACIN) MINISTERIO DE JUSTICIA DIRECCIN GENERAL DE PRISIONES, a pagar a ANA RUTH CARABAL LUCUMI (Comp. Permanente), GUSTAVO CARABAL LUCUMI, ALBEIRO CARABAL LUCUMI, YOLANDA CARABAL LUCUMI, LIGIA CARABAL LUCUMI y a MARTHA JULY CARABAL LUCUMI (presuntos hijos ( ) (sic), por intermedio de su apoderado judicial, los perjuicios morales y materiales que se les ocasionaron con la muerte de CELSO LUCUMI CAMPO, ocurrida en la ciudad de Santiago de Cali el da 5 de octubre de 1.991, estimados en la forma siguiente o a los que se mostraren

  • siguiendo las orientaciones fijadas por el H. Consejo de Estado para este tipo de procesos:

    a- Al equivalente en moneda nacional de 1.000 gramos de oro fino para cada uno de los actores damnificados, por concepto de perjuicios morales subjetivos o pretium doloris, configurados por el profundo dolor y afliccin que le produjo el hecho de la muerte del compaero permanente y presunto padre, a causa de la irresponsabilidad del conductor del vehculo que lo transportaba, siendo ste oficial, y de los guardianes encargados de la vigilancia.

    b- A la suma de cuarenta millones de pesos moneda nacional, por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, o sea lo que CELSO dej de producir durante su vida probable y el aporte efectivo que haca para la manutencin de su compaera permanente e hijos presuntos, no reconocidos en forma legal. En caso de no demostrarsen (sic) los ingresos, ruego se efecten las respectivas liquidaciones con base en el salario mnimo vigente a la fecha de su muerte.

    c- Al ajuste monetario de las condenas lquidas, teniendo en cuenta la variacin del ndice de precios al consumidor (Art. 178 C.C.A.).

    d- Al pago de los intereses comerciales durante los seis primeros meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y moratorios despus de dicho trmino (Art. 177 C.C.A).

    TERCERA. Todas las condenas sern actualizadas teniendo en cuenta la evolucin del ndice de Precios al consumidor.

  • CUARTA.- El Estado Colombiano dar cumplimiento a la Sentencia dentro de los 30 das siguientes a su ejecutoria. (fls. 9 y 10).

    b. Hechos:

    1. El seor CELSO LUCUMI CAMPO y la seora ANA RUTH CARABAL LUCUMI, se unieron de hecho, en condicin de compaeros permanentes, desde el ao 1.982, fijando su residencia en una pequea finca de propiedad de CELSO, ubicada en la vereda El Manzano, Municipio de Surez Cauca, unin dentro de la cual procrearon a los siguientes hijos: GUSTAVO, ALBEIRO, YOLANDA, LIBIA y MARTHA JULY CARABAL LUCUMI, nios que por motivos que desconozco no fueron reconocidos por su padre extramatrimonial.

    2- La familia as conformada viva bajo un mismo techo, los padres se trataban entre s como esposos y as se les tena en todo el vecindario, a la vez que en privado, familiar y pblicamente los menores eran considerados como hijos de ambos, siendo ello una realidad por lo menos biolgica.

    3- CELSO se dedicaba a labores agrcolas en pequea finca de su propiedad ubicada en el Municipio de Surez Cauca, vereda El Manzano, obteniendo ingresos mensuales aproximados a los $120.000.oo, dinero que dedicaba a su propia subsistencia y al mantenimiento de su compaera y pequeos hijos.

    4- CELSO, cuando su muerte, era investigado por el delito de Lesiones Personales en el Juzgado Promiscuo Municipal de Surez, pero se encontraba detenido en la Crcel Judicial de Santander de Quilichao.

    5- El da 4 de octubre de 1.991, SERGIO (sic) y los internos Fredy Flor Avila, Armando Balanta y Efran Char Pop, deban

  • hacerse presentes en el Juzgado de Surez para la prctica de una diligencia, siendo transportados en un furgn perteneciente a la Direccin General de Prisiones, vehculo asignado al servicio de la Crcel de Santander, identificado con la placa OY-0724, camin Chvrolet, modelo 1.982. El vehculo era conducido por el seor Director de la crcel de Santander, JORGE ELICER MALDONADO. Era acompaado por los guardianes Armando Gueng Mosquera, Efran Belalczar y Jorge Salamanca.

    6- De regreso de Surez a Santander, cuando transitaban por una pendiente en territorio del Corregimiento de Timba Cauca, el conductor JORGE ELICER MALDONADO tuvo necesidad de colocar un cambio de mayor fuerza al vehculo y al aumentar velocidad, parece que un cerrojo o gancho que aseguraba la puerta trasera del furgn, en el que viajaban los presos, se desprendi, la puerta se abri y CELSO cay estrepitosamente a tierra golpendose el crneo. Los guardianes golperaron con fuerza para que el carro se detuviera, levantaron al lesionado -inconsciente -, lo condujeron al hospital de Santander y de all, por el estado de gravedad fue remitido al Departamental de Cali, falleciendo el da 5 de octubre de 1.991.

    7- En el mismo vehculo vena como pasajero el seor Juez Promiscuo del Municipio de Surez, BARONIO LARRAHANDO, por cuenta de quien se encontraba detenido el infortunado CELSO.

    8- A pesar de que el conductor del vehculo, o sea el Director de la Crcel de Santander se le declar por la justicia no responsable, considero que existe claramente la falla en el servicio, bien sea por no habersen (sic) tomado todas las medidas de seguridad para con los detenidos transportados, pues la seguridad de la puerta trasera era un simple cerrojo o gancho que se zaf al cambiar de velocidad, o bien porque jurisprudencialmente se ha venido considerando en forma reiterada por el H. Consejo de Estado que cuando el dao o perjuicio se produce con un vehculo oficial se presenta la modalidad de la falla presunta. Adems, el vehculo era

  • conducido por un funcionario pblico como lo es el seor Director de la crcel de Santander de Quilichao.

    9- La falla ocasion un dao, muerte de CELSO LUCUMI CAMPO, e irrog graves perjuicios a su compaera permanente y a sus presuntos hijos, pues no slo son vctimas de perjuicios morales por el dolor y afliccin que le ocasion el hecho, sino tambin porque se han visto privados del aporte econmico que se le daba. Indudablemente son personas damnificadas que conforme a la Constitucin y a la ley tienen pleno derecho y suficiente personera para solicitar las indemnizaciones del caso.

    Como que los perjuicios de orden moral se presumen en cuanto a la compaera permanente, hacindose extensiva la presuncin a los presuntos hijos del occiso, pues, a pesar de no haber sido reconocidos legalmente, ellos lo tenan como a su padre, biolgicamente lo eran y han sufrido con la ausencia definitiva de CELSO. Tienen el carcter de damnificados (fols. 10 a 12 c. ppal).

    III. CONSIDERACIONES:

    Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelacin interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia en la cual se accedi parcialmente a las splicas de la demanda.

    En primer trmino, la Sala advierte que el demandante es apelante nico; no obstante, el estudio materia de esta providencia se circunscribir no slo al punto que fue objeto de la apelacin, sino tambin a lo que fue desfavorable para la entidad, en consideracin a que la sentencia apelada es susceptible del grado jurisdiccional de consulta, porque fue proferida en proceso de dos instancias y contiene una condena a cargo del Estado (art. 184 C.C.A.) (1[1])

    1[1] A este respecto puede consultarse lo manifestado por la Sala en sentencia 12919 proferida el 8 de febrero de 2001; actor: Ral Mendoza Prez y Otros.

  • Por lo tanto, se desarrollarn los siguientes puntos:

    . Hechos probados.

    . Responsabilidad demandada.

    . Perjuicios reclamados

    . Cuantificacin

    B. Responsabilidad patrimonial:

    La demanda ubica como aplicable el rgimen de falla. Sin embargo estima la Sala que el caso lo dilucidar dentro del de responsabilidad objetiva, porque de los hechos probados slo se sabe que el seor Celso Lucumi Campo sufri lesiones fsicas de gravedad, que lo condujeron a la muerte, a consecuencia del accidente del vehculo oficial en que se transportaba. El seor Lucumi el da de los hechos fue conducido desde el centro penitenciario de reclusin a un juzgado a una diligencia y de regreso a la crcel del Circuito de Santander de Quilichao, la puerta trasera del vehculo oficial se abri, el cay y sufri trauma crneo enceflico severo.

    La aplicacin de otro rgimen de responsabilidad patrimonial distinto al invocado en la demanda, tiene su causa en el principio iura novit curia. Sobre este punto la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluy que en forma excepcional, cuando no se juzgue la legalidad o ilegalidad de la actuacin u omisin de la Administracion, sino que directamente se reclama la reparacin del dao mediante el reconocimiento de una indemnizacin, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante ( 2[2]).

    2[2] Sentencia proferida el da 14 de febrero de 1995. Exp. S 123. Actor: Jorge Arturo Herrera Velsquez.

  • Inicialmente la jurisprudencia, en sentencia dictada el da 19 de diciembre de 1989, frente a los daos ocasionados por la conduccin de vehculos automotores adopt el rgimen de falla presunta; seal que si la Administracin contraprobaba esa presuncin se exoneraba de responsabilidad (3[3]). Esa posicin jurisprudencial se rectific en fallo proferido el da 24 de agosto de 1992; se dijo que en los eventos de daos producidos por cosas o actividades peligrosas (armas de fuego, conduccin de vehculos automotores, redes de energa elctrica) se produce ms que una presuncin de falta, como en el caso de los daos derivados de la prestacin de los servicios mdicos oficiales, una presuncin de responsabilidad. Se expres:

    ( ) cuando se habla de responsabilidad por los daos producidos por las cosas o actividades peligrosas, en los que no juega la nocin de la falla, ni la probada ni la presunta, le incumbe a la demandada demostrar, para exculparse, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la vctima o el hecho de tercero, tambin exclusivo y determinante. Y por eso mismo se entiende que en estos casos no se pueda exonerar la Administracin demostrando diligencia y cuidado. ( ) cuando la responsabilidad se presume por el ejercicio de la utilizacin de cosas peligrosas o que en s mismas representan un gran riesgo para los dems, como sucede, por ejemplo, con la utilizacin de vehculos automotores, armas oficiales de dotacin, redes de conduccin de energa, etc., etc., el que las utiliza o ejerce para provecho o beneficio suyo le impone a los dems una carga excepcional que no tiene por qu soportar y si los daa debe resarcirlos (restablecimiento que se impone como una solucin de equidad) De all que en estos eventos se mire ms al dao antijurdico producido por la irregularidad o no de la conducta oficial. Se aplica a estas situaciones el principio constitucional de igualdad (art. 13 de la Carta), cuyo rompimiento da lugar a la responsabilidad por esa clase de dao, sea lcita o no la actividad cumplida por el ente pblico ( 4[4]).

    . Exp. 4.484. Actor: Rosa Helena Franco de Bernal. 4[4] Exp. 6.754.

  • Luego con la sentencia dictada el da 16 de junio de 1997 la Seccin expres, entre otros: Aqu se evidencia, como lo dijera el profesor Charles Rosseau, que la llamada presuncin de falta en el caso de daos ocurridos en accidente de trnsito no es ms que un artificio para la admisin de la teora del riesgo.

    ( ) 1. La responsabilidad derivada del ejercicio de actividades peligrosas o riesgosas se encuentra por completo desligada de toda consideracin sobre la culpa o diligencia y prudencia de quien ocasiona el dao con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde est la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situacin de peligro. En otras palabras de Josseran dentro de esta nueva concepcin quienquiera que cree un riesgo, si ese riesgo llega a realizarse a expensas de otro, tiene que soportar sus consecuencias, abstraccin hecha de cualquier culpa cometida ... As el punto de vista objetivo reemplaza el punto de vista subjetivo y el riesgo suplanta a la culpa, esa especie de pecado jurdico ( 5[5]). 2. Si bien es cierto que la responsabilidad se explica por la preocupacin de prevenir, sancionar y reparar el dao causado, es sta ltima funcin la que constituye la preocupacin preponderante en el derecho moderno. Como lo resaltara el profesor Len Duguit: La responsabilidad tiende ms a resumirse en esta proposicin: cuando un acto afecta un patrimonio, produce una disminucin: el equilibrio debe ser restablecido. El patrimonio que afect con su acto debe soportar una disminucin equivalente al dao ocasionado. El patrimonio lesionado debe recibir como indemnizacin el monto de esa disminucin. As la nocin de acto personal desaparece poco a poco del dominio de la responsabilidad civil, para dar cabida a la nocin de fin y

    5[5] La evolucin de la Responsabilidad en el abuso de los derechos y otros Ensayos. Bogot, Edit Temis, 1982. Monografas jurdicas No. 24 pp. 83 y 84.

  • de riesgo (6[6] ). ( ) (7[7]) (Destacado con negrilla por fuera del texto original).

    En ese rgimen de responsabilidad, objetivo, debe el demandante demostrar: el hecho daoso, el dao y el nexo de causalidad adecuado. En cuanto al hecho daador: El demandante no tiene que demostrar, como en el rgimen de falla probada, la calificacin de la conducta subjetiva del demandado; le basta demostrar la ocurrencia del hecho; lo mismo ocurre respecto del demandado al cual que no le sirve establecer diligencia y cuidado propios.

    En cuanto al dao: El demandante tiene que representar al juez la existencia de un dao (s) que rena (n) las siguientes cualidades: cierto, particular, anormal y recaer sobre una situacin, jurdica o de acto o de hecho, que est protegida jurdicamente o que se la haya generado el Estado por conductas de confianza legtima.

    En cuanto al nexo de causalidad: El demandante tambin tiene que demostrar este otro y ltimo elemento de responsabilidad objetiva, mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha sealado en materia de relacin causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el legislador infiera la causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el adecuado nexo de causalidad.

    La prueba del nexo referido puede ser:

    6[6] Citado por Themistocles Brandao Cavalcanti en Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1960. 4 edi. Vo. I, p. 196. 7[7]Exp. 10.024. Actor: Javier El Ros Castrilln.

  • a) directa, mediante los medios probatorios que lo representan por si mismo.

    b) indirecta, mediante indicios; este medio probatorio, lgico indirecto, requiere de la demostracin de unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado. El demandado para exonerarse deber probar una causa extraa (hechos exclusivos de la vctima o del tercero y fuerza mayor).

    En ese orden se estudiar cada uno de esos elementos:

    1. Conducta estatal: Plenamente est demostrado de una parte, que el seor Celso Lucum Campo, estaba recluido en la Crcel de Santander de Quilichao a rdenes del Juez Promiscuo de Surez, Cauca, en desarrollo de una investigacin penal por la comisin del delito de lesiones personales y, de otra parte, que su muerte fue consecuencia del golpe que sufri en la cabeza cuando cay de un vehculo conducido por el Director del centro penitenciario, al ser transportado al Municipio de Surez (Cauca), con el objeto de cumplir una diligencia judicial.

    Para la Sala, sucede entonces que la muerte del recluso Celso Lucumi Campo le es imputable al INPEC, establecimiento pblico que se cre para ejercer, entre otros, funciones similares a las que antes cumpla la Direccin General de Prisiones del Ministerio de Justicia de la Nacin.

    En ejercicio de la actividad peligrosa del demandado, persona que sustituy a la Nacin en ciertas funciones, fue que la vctima directa se lesion gravemente, circunstancia que le condujo a la muerte.

    En este caso la imputacin fctica relevante para la responsabilidad patrimonial es la vinculacin al dao del ejercicio de ese tipo de

  • actividad riesgosa o peligrosa. No se desconoce que el seor Lucumi tena la condicin de recluso.

    Por lo tanto se probaron las imputaciones fcticas del hecho daino cuales fueron el ejercicio de actividad peligrosa por parte del Estado; adems se averigu que el vehculo y quien lo conduca eran oficiales.

    2. Daos: Antes de entrar a examinar si este elemento de responsabilidad se comprob, se recordar que el recurso de apelacin de los demandantes tiene como objeto que se modifique la sentencia de primera instancia en cuanto no reconoci los perjuicios causados a los menores Gustavo, Albeiro, Yolanda, Libia y Martha July Carabal Lucum, al considerar que estos no demostraron el dao al no haber probado su relacin de parentesco con el occiso. Se har por lo tanto una breve referencia a la condicin de damnificado.

    La Sala ha definido en diversos pronunciamientos que la condicin personal de la que pende la demostracin del dao la de damnificado, puesto que: tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vnculo matrimonial, hacen presumir tal condicin y por consiguiente la legitimacin (8[8]). Ha explicado igualmente que: en el proceso de reparacin directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado y esta se demuestra a lo largo del proceso (9[9]) (negrillas por fuera del texto original).

    Las diferencias existentes entre esas dos calidades, fueron precisadas por la Sala en sentencia proferida el 1 de noviembre de 1991; as:

    Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnizacin de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida

    8[8] Sentencia proferida el 26 de octubre de 1993, expediente 7793; actor: Augusto Efran Nieto y O. 9[9] Sentencia proferida el 1 de octubre de 1993; expediente 6657; actor: William Bechara Mendoza.

  • por causa de la falla del servicio, no en su carcter de herederos de sta, sino por el perjuicio que les caus esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vinculo parental que gobierna el rgimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

    Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnizacin al padre, al cnyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostracin del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron dao alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

    En otros trminos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afect sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carcter de heredera.

    El equvoco se cre cuando la jurisprudencia acept, para facilitar un tanto las cosas, que el inters de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vnculo de parentesco existente entre la vctima y el presunto damnificado.

    Esta idea, de por s bastante clara, cre el equvoco, hasta el punto de que se confundi el inters del damnificado con el del heredero.

    Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompaar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayora de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, termin aceptando la presuncin de hombre o judicial de que entre padres e hijos o

  • cnyuges entre s se presume el perjuicio por el slo hecho del parentesco.

    Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acredit bien el inters en la pretensin (10[10])

    Y en otra providencia proferida recientemente, el da 17 de mayo de 2001, se explic que la ley, artculo 86 del C.C.A., en materia de la accin de reparacin directa, otorga el derecho de accin a la persona interesada (legitimacin de hecho, por activa) y no condiciona su ejercicio a la demostracin, con la demanda, de la condicin que se alega en sta, precisamente, porque el real inters es objeto de probanza en juicio (legitimacin material por activa).

    No se puede confundir la prueba del estado civil con la prueba de la legitimacin material en la causa. Cuando la jurisprudencia parti de la prueba del estado civil para deducir, judicialmente, que una persona est legitimada materialmente por activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba del estado civil contenida en el registro o en la copia de ste - su estado de damnificado, porque de ese registro infiere el dolor moral. Es por ello que cuando el demandante no acredita el parentesco relacin jurdica civil - y por tanto no se puede inferir el dolor, debe demostrar el dolor para probar su estado de damnificado y con ste su legitimacin material en la causa situacin jurdica de hecho -. Entonces puede concluirse que con la demostracin del estado civil se infiere el dao (presuncin de damnificado) y probando el dao se demuestra el estado de damnificado (11[11]).

    Partiendo de ese estudio, de una parte, la Sala est de acuerdo con lo afirmado por el Tribunal en relacin con la calidad de damnificada de la seora Ana Ruth Carabal Lucum, pero disiente de otras de sus

    10[10] Expediente 6469; actor: Ferney Londoo Gaviria y Otros. 11[11] Expediente 12956; actor: Hernando Palacios Aroca y Otros.

  • apreciaciones en cuanto la situacin de los menores hijos de aquella seora y respecto del trato que tenan con la vctima directa, toda vez que la comunidad probatoria muestra, hace patente, que ellos sufrieron tambin con la muerte del seor Celso Lucum Campo, la prdida del afecto y ayuda econmica que les prodigaba.

    La Sala advierte que no le asiste razn al Tribunal en cuanto afirm que no se prob la condicin de madre de la seora Ana Ruth Carabal ante la falta en el registro civil de constancia de su reconocimiento expreso, puesto que la condicin de hijo se demuestra con el registro de nacimiento en el cual conste que l naci de determinada mujer; cuando el notario asienta ese dato en el registro civil es porque a l se le demostr el hecho del parto; sobre el punto la jurisprudencia ha dicho:

    Cuando en un acta de registro civil de nacimiento se sienta como madre natural determinada mujer, se presume que el notario conoce las pruebas sobre el hecho del parto (arts. 29, 32, 37, 39, 49, 50, 53).

    Lo anterior porque, el nacimiento de una persona se acredita ante el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil, mediante certificado del mdico o enfermera que haya asistido a la madre en el parto y en defecto de aqul, con dos testigos hbiles, que deben concurrir a la inscripcin del estado civil (art. 49 del dcto. ley 1.260 de 1970).

    Cuando en el registro civil una persona inscribe a otra como hijo natural de tal mujer, se presume la verdad de la anotacin, pues la ley impone al funcionario encargado de llevar el registro, que se le acredite el hecho del parto antes de la anotacin (arts. 53 y 54 ibdem).

  • El Derecho ha distinguido desde siempre la condicin de madre de la condicin de padre. ste para que se tenga como tal debe acreditar una de las siguientes situaciones: ser el cnyuge de la mujer que es madre de una determinada persona, porque aparece casado con ella; en el caso del hijo extramatrimonial, haber reconocido al hijo por uno de los medios explcitos que la ley prev, o haber sido declarado judicialmente en tal predicado.

    El documento de registro del estado civil prueba el estado civil y los hechos o los actos que el contiene, incluida, claro est, la condicin de madre de una persona, porque l sirve para probar el parto y todos los hechos que se consignan en el mismo documento, por que as lo prev la ley (12[12]).

    De otra parte, la Sala encuentra que los declarantes, en este juicio, son contestes en afirmar que los menores convivan con su madre y con Celso Lucum; que se ayudaban, respetaban y colaboraban entre s, y que hicieron vida de hogar.

    Adems, son coincidentes en explicar hechos relativos al sostenimiento econmico que el occiso brind a los menores y a su compaera, gracias a los recursos que obtena de la explotacin agrcola de su pequea parcela.

    De esa prueba testimonial tambin se destacan las pruebas de los hechos referidos a la angustia y tristeza que la muerte de Celso caus a los menores y el desamparo econmico que, por el mismo hecho, aquellos soportaron.

    12[12] Sentencia de 29 de agosto de 1999. Exp. 13.041. Actor: Nurys Gonzlez.

  • Con las declaraciones rendidas ante esta jurisdiccin, que para la Sala revisten credibilidad e idoneidad en consideracin a la claridad, coincidencia y seriedad de las mismas, se determin:

    que los menores vivan en unin con su madre y con el seor Lucumi - hoy occiso - , quien los trataba emocional y afectivamente como si fueran sus hijos;

    que la muerte de Celso Lucum Campo les produjo un profundo dolor y pesar y, los priv del sostenimiento econmico que ste les brindaba;

    que Celso, Ana Ruth y los menores eran considerados por la comunidad en la que habitaban como una familia.

    En consecuencia, la circunstancia de que no se hubiese acreditado que Celso Lucum era el padre de los menores, no impide el reconocimiento para stos de su condicin de damnificados.

    De todo lo dicho se infiere que los demandantes - compaera permanente e hijos de la vctima - sufrieron daos

    3. Nexo de causalidad. Los hechos probados representan que los daos padecido por los actores estn vinculados en forma inseparable del hecho imputado y comprobado frente al Estado.

    Ese nexo de causalidad permanece inclume, an a pesar de la proposicin de exonerante por parte del Estado, el cual afirma que apareci en la produccin del hecho el caso fortuito consistente en el desprendimiento del gancho exterior a la puerta trasera del vehculo en que se transportaba el recluido de regreso a la Crcel.

    La Sala observa que la figura del caso fortuito no sirve para estructurar exonerante de responsabilidad, precisamente porque su naturaleza dice de la actividad interna de las cosas, y la exonerante alude a la causa extraa o ajena (hecho exclusivo o de la vctima o de un tercero o fuerza mayor).

  • Por lo tanto quedan establecidos los supuestos de hecho exigidos en la Constitucin Poltica, en el artculo 90, para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial de la Nacin.

    3. Perjuicios reclamados.

    a. Morales. Hay lugar a indemnizarlos a favor de todos los demandantes en la suma de mil gramos oro para cada uno. De esta manera se comparte la condena que impuso el Tribunal a favor de la seora Ana Ruth Caraballi Lucumi y se revoca la denegatoria de indemnizacin en favor de los menores hijos de sta (Gustavo, Albeiro, Yolanda, Libia y Marta July Carabal Lucumi), por cuanto s se demostr la condicin de damnificados. Por lo tanto, se condenar a la demandada al pago del equivalente en pesos colombianos a mil gramos de oro, en favor de cada uno de los menores, en aplicacin de las pautas jurisprudenciales que sobre la materia ha indicado la Corporacin.

    b. Perjuicios materiales: Celso Lucumi estaba privado de la libertad porque pesaba sobre l una medida cautelar; tal prdida de libertad no atacaban su estado presunto de inocencia, de acuerdo con la Carta Constitucional (art. 29). Por lo tanto puede considerrsele como econmicamente productivo, sin restriccin alguna.

    Celso Lucum Campo era un hombre trabajador, dedicado a la explotacin agrcola de una pequea parcela y al sostenimiento de los demandantes con quienes conformaba una familia.

    En otras palabras, la sola circunstancia relativa a que Celso Lucum Campo estuviese privado de la libertad al momento de su muerte, no impide concluir la existencia del perjuicio material de los demandantes.

  • Por consiguiente, la Sala condenar a la demandada al pago de los perjuicios materiales causados a la seora Ana Ruth Carabal Lucum y a Gustavo, Albeiro, Yolanda, Libia y Marta July Carabal Lucumi (menores hijos).

    La liquidacin de dichos perjuicios se har de una parte, en favor de la seora Carabal Lucum por el tiempo de vida que le quedaba a Celso Lucum Campo, por cuanto ste era mayor que aquella y, de otra parte, en favor de los menores hasta el momento en el cual cumplan los 18 aos - mayora de edad -

    Se tomar como suma base para la liquidacin del perjuicio material, el salario mnimo legal vigente para la fecha de esta sentencia porque, si bien es cierto que algunos declarantes manifestaron que Celso tena ingresos mensuales aproximados a los $100.000,oo, no se especific si el ingreso era neto y libre o si llevaba incorporados los factores econmicos necesarios para la produccin agrcola de la parcela que el occiso cultivaba.

    Tal situacin, sin embargo, no puede privar a los demandantes de obtener la consecuente indemnizacin, por cuanto su base puede ser determinada, como lo ha indicado la jurisprudencia, tomando en cuenta el salario mnimo legal mensual; este dato estatal, aunado a la garanta del principio de indemnidad, permite la aplicacin de justicia.

    Esa suma base de liquidacin se reducir en un 25%, equivalente al porcentaje que, se calcula, la vctima dedicaba a su propia subsistencia, en consideracin al nmero de personas a las cuales brindaba sostenimiento econmico.

    De ese valor se tomar el 50% para la compaera Ana Ruth Carabal y el 50% restante ser dividido entre los cinco menores.

    Liquidacin del perjuicio.

  • Bases:

    Salario: Se tomar en cuenta el mnimo mensual legal vigente para el ao 2001 de $286.000 (Decreto 2.579 de 2000), cuando se dicta esta sentencia; valor que se ajusta ms a la realidad inflacionaria del pas puesto que es mayor que la suma actualizada del salario mnimo legal vigente para 1991.

    Suceso del hecho daino: octubre de 1991

    Expectativa de vida de la vctima desde la fecha del hecho daino: 37 aos, es decir 444 meses.

    Fecha sentencia: mayo de 2001

    Perodo vencido: Desde la ocurrencia del hecho daino hasta mayo de 2001: 115 meses.

    Perodo futuro:

    Para Ana Ruth Carabal Lucumi desde la fecha de esta sentencia hasta la terminacin de la vida probable del occiso: 329 meses.

    Para los menores damnificados desde la fecha de esta sentencia hasta que cada uno de ellos sea mayor de edad:

    Gustavo Carabal Lucumi, como naci el da 11 de enero de 1984 cumplira los 18 aos el 11 de enero de 2002 = 8 meses

  • Albeiro Carabal Lucumi, como naci el 24 de noviembre de 1985 cumplira los 18 aos el mismo da del 2003 = 30 meses

    Yolanda Carabal Lucumi, como naci el 8 de junio de 1987, cumplira los 18 aos la misma fecha de 2005 = 49 meses

    Libia Carabal Lucumi, como naci el 6 de mayo de 1989 cumplira los 18 aos el 6 de mayo de 2007 = 72 meses

    Martha July Carabal Lucumi, como naci el 3 de junio de 1991 cumplira los 18 aos la misma fecha de 2009 = 97 meses

    Inters mensual: 0.004867

    Salario base para la liquidacin: el vigente menos 25% = $214500.

    50% del salario base para la compaera:$107.350

    1/5 parte del 50% restante para cada menor: $21.450

    LIQUIDACIN:

    Para Ana Ruth Carabal Lucumi

    Indemnizacin debida:

    S = Ra (1 + i)n - 1

    i

  • S = 107350 (1 + 0.004867)115 - 1

    0.004867

    S = $16493602,06.

    Indemnizacin futura:

    S = 107350 (1 + i)n - 1

    i (1 + i)n

    S = 107350 (1 + 0.004867)329 - 1

    0.004867 ( 1 + 0.004867)329

    S = $17591.759,4

    Total indemnizacin perjuicio material Ana Ruth Carabal: $34085.536,46

    Menores damnificados

  • Gustavo Carabal Lucumi,

    Indemnizacin debida:

    S = 21450 (1 + 0.004867)115 - 1

    0.004867

    S = $3295.647,54

    Indemnizacin futura:

    S = 21450 (1 + 0.004867)8 - 1

    0.004867 ( 1 + 0.004867)8

    S = $167901,86

    Total perjuicio material Gustavo Carabal Lucumi: $ 3463.549,4

    Para Albeiro Carabal Lucumi

    Indemnizacin debida = $3295.647,54

    Indemnizacin futura:

  • S = 21450 (1 + 0.004867)30 - 1

    0.004867 ( 1 + 0.004867)30

    S = $597.377,56

    Total indemnizacin perjuicio material para Albeiro Carabal Lucum: $3893.025,1

    Yolanda Carabal Lucumi,

    Indemnizacin debida = $3295.647,54

    Indemnizacin futura:

    S = 21450 (1 + 0.004867)49 - 1=

    0.004867 ( 1 + 0.004867)49

    S = $933108,29.

    Total indemnizacin perjuicio material Yolanda Carabal Lucumi: $4228.755,83

    Libia Carabal Lucumi,

    Indemnizacin debida = $3295.647,54

    Indemnizacin futura:

  • S = 21450 (1 + 0.004867)72 - 1

    0.004867 ( 1 + 0.004867)72

    S = $1300.184,89

    Total indemnizacin perjuicio material Libia Carabal Lucumi: $4595832,43

    Martha July Carabal Lucumi,

    Indemnizacin debida: $3295.647,54

    Indemnizacin futura:

    S = 21450 (1 + 0.004867)97 - 1

    0.004867 ( 1 + 0.004867)97

    S = $1655.328,33

    Total indemnizacin perjuicio material Martha July Carabal Lucumi: $4950.975,87

    Resumen indemnizacin perjuicios materiales:

    Ana Ruth Carabal Lucum $34085.536,46

    Gustavo Carabal Lucumi $ 3463.549,40

    Albeiro Carabal Lucum $ 3893.025,10

    Yolanda Carabal Lucumi $ 4228.755,83

  • Libia Carabal Lucumi $ 4595.832,43

    Martha July Carabal Lucumi $ 4950.975,87

    Finalmente se precisa que, como para la fecha de este fallo las expresiones del artculo 177 del C.C.A durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y despus de ese trmino fueron declaradas inexequibibles por la Corte Constitucional, las catidades lquidas de condena reconocidas en esta sentencia devengarn intereses comerciales y moratorios a partir del da siguiente a su ejecutoria (13[13]).

    Se aclara igualmente que no habr condena en costas en aplicacin de lo normado por el artculo 55 de la ley 446 de 1998, modificatorio del artculo 171 del C.C.A., vigente para el presente caso por ser una norma procesal de aplicacin inmediata (14[14]).

    Con fundamento en todo lo anterior la Sala modificar la providencia apelada. En mrito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Tercera, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la ley,

    FALLA:

    MODIFCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el da 8 de agosto de 1996, la cual quedar as:

    PRIMERO Declrase al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC patrimonialmente responsable de los

    13[13] Sentencia C-188 proferida el 24 de marzo de 1999. 14[14] A este respecto puede consultarse la sentencia proferida por la Sala el 18 de febrero de 1999; expediente 10.775.

  • perjuicios morales y materiales sufridos por Ana Ruth Carabal Lucum, Gustavo, Albeiro, Yolanda, Libia y Marta July Carabal Lucumi con la muerte del seor Celso Lucumi Campo, ocurrida el da 5 de octubre de 1.991.

    SEGUNDO Condnase al INPEC a indemnizar a cada uno de los actores:

    A. Por concepto de perjuicios morales

    El equivalente en pesos colombianos de mil (1.000) gramos de oro para la seora Ana Ruth Carabal Lucumi, y para cada uno de los menores hjos Gustavo, Albeiro, Yolanda, Libia y Marta July Carabal Lucumi.

    El valor del gramo oro ser certificado por el Banco de la Repblica para el da siguiente del de ejecutoria de la sentencia.

    .

    B. Por concepto de perjuicios materiales

    Ana Ruth Carabal Lucum $34085.536,46

    Gustavo Carabal Lucumi $ 3463.549,40

    Albeiro Carabal Lucum $ 3893.025,10

    Yolanda Carabal Lucumi $ 4228.755,83

    Libia Carabal Lucumi $ 4595.832,43

    Martha July Carabal Lucumi $ 4950.975,87

    Todas las sumas as determinadas devengarn intereses comerciales y moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

  • TERCERO. El INPEC dar cumplimiento a esta sentencia en los trminos indicados en los artculos 176 y 177 del C. C. A..

    Cpiese, notifquese y devulvase.

    Alier Hernndez Enrquez Presidente

    Jess Mara Carrillo Ballesteros Mara Elena Giraldo Gmez

    German Rodrguez Villamizar Ricardo Hoyos Duque