Acuerdos Autonmicos - MPR. ? acuerdos autonmicos 1981 acuerdos autonmicos firmados por el gobierno

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  • Acuerdos Autonmicos 1981

    ACUERDOS AUTONMICOS FIRMADOS POR EL GOBIERNO DE LA NACIN Y EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAOL

    EL 31 DE JULIO DE 1981

    MADRID, 1981

    Servicio Central de Publicaciones de la Presidencia del Gobierno ISBN: 84-7471-035-9 / Depsito legal: M. 34441/1981

    Imprenta Nacional del Boletn Oficial del Estado

    Catlogo de publicaciones de la Administracin General del Estado http://publicacionesoficiales.boe.es Ministerio de la Presidencia. Secretara General Tcnica-Secretariado del Gobierno. Centro de Publicaciones

    NIPO: 002-12-038-0

    http://publicacionesoficiales.boe.es

  • SUMARIO

    I. PREMBULO 4

    II. ACUERDOS POLTICO-ADMINISTRATIVOS 5

    1. MAPA AUTONMICO 5

    2. ELABORACIN Y TRAMITACIN DE LOS ESTATUTOS 6

    3. COMPETENCIAS 7

    4. CUESTIONES RELATIVAS A LOS RGANOS DE REPRESENTACIN Y GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES AUTNOMAS 7

    5. CUESTIONES RELATIVAS A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS Y A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES 10

    6. TRANSFERENCIAS 11

    7. POSIBLES PREVISIONES PARA CANTABRIA Y LA RIOJA 12

    8. RESPETO A LOS ESTATUTOS DE AUTNOMIA EN VIGOR 13

    III. ACUERDOS POLTICOS EN MATERIAS ECONMICO-FINANCIERAS 14

    IV. ANTEPROYECTO DE LEY ORGNICA DE ARMONIZACIN DEL PROCESO AUTONMICO 23

    V. ANTEPROYECTO DE LEY DEL FONDO DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL 37

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    I. PREMBULO

    En Madrid, a 31 de julio de 1981, reunidos el Presidente del Gobierno y el Secretario general del Partido Socialista Obrero Espaol, adoptan los siguientes acuerdos:

    Acuerdos poltico-administrativos.

    Acuerdos econmico-financieros.

    Anteproyecto de Ley del Fondo de Compensacin Interterritorial.

    Anteproyecto de Ley Orgnica de Armonizacin del Proceso Autonmico.

    Y en prueba de su conformidad firman los Acuerdos que a continuacin se adjuntan.

    Conscientes el Gobierno de la Nacin y el Partido Socialista Obrero Espaol que la Cons-titucin, segn su artculo 2., se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nacin espaola, patria comn e indivisible de todos los espaoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

    El ttulo VIII del texto constitucional no consagra una ordenacin cerrada o esttica de la organizacin territorial del Estado, sino que constituye un amplio marco que permite la satisfaccin de las voluntades de autogobierno de las distintas Comunidades Aut-nomas espaolas.

    Su desarrollo es, por lo tanto, una prolongacin natural del proceso constituyente y requiere la aproximacin de las diversas posiciones polticas que conforman la plura-lidad ideolgica de nuestras Cortes Generales.

    Por ello, el Gobierno de la Nacin y el Partido que lo sustenta, junto con los represen-tantes del Partido Socialista Obrero Espaol, firmantes de este Acuerdo, pretenden:

    En primer lugar y desde la responsabilidad que exige un planteamiento de Estado, disear las bases operativas que hagan posible la profundizacin del proceso autonmico.

    En segundo lugar, la generalizacin del proceso, para lograr, en un plazo razonable de tiempo, una distribucin homognea del poder reconociendo las diversas peculiaridades de las nacionalidades y regiones.

    En tercer lugar, la armonizacin del desarrollo institucional y legislativo autonmico, que redundar en una mayor claridad del ordenamiento y en una reafirmacin de la seguridad jurdica, que permitir el acercamiento de las posiciones de las distintas fuerzas polticas.

    El Gobierno de la Nacin y el Partido que lo sustenta, junto con los representantes del Partido Socialista Obrero Espaol, firmantes del presente Acuerdo, desean manifestar expresamente su voluntad de respetar los Estatutos actualmente en vigor y el ejercicio de las competencias que los propios Estatutos atribuyen a las Comunidades Autnomas ya constituidas.

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    II. ACUERDOS POLTICO-ADMINISTRATIVOS

    1. MAPA AUTONMICOEl Estado se organizar territorialmente en las siguientes Comunidades Autnomas:

    1. Andaluca, con las provincias de Almera, Mlaga, Granada, Jan, Crdoba, Sevilla, Huelva y Cdiz.

    2. Aragn, con las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

    3. Asturias, con la provincia de Oviedo.

    4. Baleares, con la provincia de su nombre, que integra los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera.

    Ha de hacerse notar que en Baleares no ha habido iniciativa autonmica formalmente presentada.

    5. Canarias, con las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que integran los Cabildos Insulares de Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

    6. Cantabria, con la provincia de Santander.

    7. Castilla-La Mancha, con las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete.

    8. Castilla-Len, con las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Avila, Len, Zamora, Sala-manca, Valladolid y Palencia.

    9. Catalua, con las provincias de Barcelona, Tarragona, Lrida y Gerona.

    10. Extremadura, con las provincias de Cceres y Badajoz.

    11. Galicia, con las provincias de La Corua, Lugo, Orense y Pontevedra.

    12. La Rioja, con la provincia de su nombre.

    13. Madrid, como Comunidad Autnoma uniprovincial, integrada por el territorio de su provincia.

    El procedimiento para constituirla ser el siguiente:

    1. La Diputacin adoptar el acuerdo de que la provincia de Madrid se constituya en Comunidad Autnoma uniprovincial, segn lo previsto en el artculo 144, a) de la Cons-titucin, y los partidos polticos presentes en la Diputacin formalizarn, a tal efecto, la correspondiente proposicin de Ley ante las Cortes Generales. 2. Los municipios de la provincia solicitarn la autonoma y la elaboracin del Estatuto, todo ello por la va del artculo 143 de la Constitucin. 3. El Estatuto as elaborado se someter a la aprobacin de las Cortes Generales mediante la correspondiente Ley Orgnica.

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    14. Murcia, con la provincia de su nombre.

    15. Pas Valenciano, con las provincias de Castelln, Valencia y Alicante.

    16. Pas Vasco, con las provincias de Alava, Guipzcoa y Vizcaya.

    En cuanto a las anteriores Comunidades Autnomas deber tenerse en cuenta lo siguiente:

    1 Con la excepcin de Catalua, Pas Vasco, Galicia y Andaluca, las restantes Comuni-dades mencionadas se constituirn en Comunidades Autnomas por la va del artculo 143 de la Constitucin.

    2. En el proceso para la aprobacin del Estatuto propio de las Comunidades Autnomas uniprovinciales, la Comisin Constitucional del Congreso y del Senado reconocern su entidad regional histrica, pronunciamiento que ser ratificado por el Pleno del Congreso y del Senado, al tiempo que se aprueba su Estatuto.

    3. Deben adoptarse cuantas decisiones sean necesarias, de acuerdo con lo previsto en la Constitucin, para hacer posible este mapa autonmico.

    4. Se establecer, mediante Ley Orgnica, la solucin constitucional que permita la inte-gracin en una Comunidad Autnoma de las provincias que an no estuvieran incor-poradas a ninguna regin. Esta Ley Orgnica deber estar en vigor antes del 30 de abril de 1982.

    En Ceuta y Melilla se aplicar una de las siguientes soluciones:

    Que se constituyan en Comunidad Autnoma segn lo previsto en la Disposicin Tran-sitoria 5.a de la Constitucin; o que permanezcan como Corporacin Local, con Rgimen Especial de Carta.

    En Navarra se proceder por la va del Amejoramiento del Fuero y se respetarn las previsiones de la Constitucin.

    2. ELABORACIN Y TRAMITACIN DE LOS ESTATUTOS

    Antes del 1 de febrero de 1983 deben estar en vigor todos los Estatutos de Autonoma. Para respetar y cumplir este lmite temporal debe procurarse lo siguiente:

    1. Ultimados en la Comisin constitucional los Estatutos de Asturias, Cantabria y Anda-luca, se adoptarn las previsiones necesarias para que los Estatutos de Canarias, Murcia, La Rioja, Pas Valenciano, Castilla-Len, presentados en el Congreso de los Diputados antes del 1 de julio de 1981, se ultimen, al menos en la Comisin Constitucional del Congreso, antes del 31 de diciembre de 1981.

    2. Que los Estatutos de Aragn, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y, en su caso, Ceuta y Melilla estn presentados en el Congreso antes del 31 de diciembre de 1981.

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    3. COMPETENCIAS

    Los Estatutos elaborados por la va del artculo 143 de la Constitucin podrn incluir, en artculos separados, las competencias que les permite asumir el artculo 148 y aquellas otras que superen el contenido de dicho precepto. Dichos Estatutos afirmarn, expresamente, que las competencias que exceden del mbito del artculo 148, y que se mencionen en el texto del Estatuto, podrn asumirse por la Comunidad, de acuerdo con los siguientes procedimientos:

    1 Transcurridos Jos cinco aos previstos en el artculo 148.3 de la Constitucin, previo acuerdo de la Asamblea, adoptado por mayora absoluta, y previa Ley Orgnica aprobada por las Cortes Generales segn lo establecido por el artculo 147.3 de la Constitucin.

    2 Mediante delegacin o transferencia de un conjunto competencial homogneo, acordada por las Cortes Generales segn el procedimiento del artculo 150.2 de la Cons-titucin. La iniciativa legislativa para la elaboracin de la Ley Orgnica a que se refiere dicho artculo podr corresponder al Gobierno, a las Cortes Generales o a la Asamblea legislativa de la Comunidad Autnoma, si lo considera necesario y en uso de la facultad que le atribuye el artculo 87 de la Constitucin.

    En tal supuesto, la delegacin o transferencia a la que se refiere el apartado anterior podr iniciarse en los primeros tres aos, contados a partir de la entrada en vigor del Estatuto mediante, en su caso, leyes sectoriales. Adems, caso de ser necesario, se podr utilizar la previsin contenida en el artculo 150.1 de la Constitucin.

    3 Canarias, por la peculiaridad geogrfica y su tradicional sistema de rgimen econ-mico y fiscal, exige el tratamiento singular de su proceso autonmico.

    Simultneamente al Estatuto de Autonoma de Canarias, se tramitar una Ley Orgnica, conforme a lo dispuesto en el artculo 150 de la Constitucin, que transferir a la Comu-nidad Autnoma, en el marco de lo establecido por el artculo 149 del texto constitu-cional, aquellas competencias directamente relacionadas con la especificidad y necesi-dades del Archipilago.

    4 En lo que respecta al Pas Valenciano, se proceder a la adecuacin de las previsiones competenciales del Estatuto de Benicasim, segn las frmulas anteriormente sealadas, de manera que se respeten las competencias que dicho texto establece en el marco de la Constitucin.

    4. CUESTIONES RELATIVAS A LOS RGANOS DE REPRESENTACIN Y GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES

    AUTNOMAS

    4.1 Asambleas de las Comunidades Autnomas

    ELECCIONES

    Para la celebracin de las elecciones de las Asambleas de las Comunidades Autnomas se acuerda lo siguiente:

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    1. Ha de estudiarse una solucin constitucional que posibilite que las elecciones para las Asambleas de todas las Comunidades Autnomas se celebren el mismo da.

    2. Sin perjuicio de lo sealado en el punto 1. del nmero 8, en relacin con los Estatutos de Catalua, Pas Vasco, Galicia y Andaluca, en los Estatutos de las dems Comuni-dades se establecern mecanismos que posibiliten la celebracin de sus elecciones en una misma fecha. Dicha fecha se situar para las primeras elecciones entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 1983.

    3. Las elecciones para las Asambleas de las Comunidades Autnomas podrn celebrarse independientemente o coincidiendo con las elecciones generales o locales.

    4. El sistema electoral debe, en todo caso, hacer posible la eleccin directa de todos los parlamentarios.

    5. Con carcter general, a menos que las fuerzas polticas firmantes propongan de comn acuerdo otra frmula en su proyecto de Estatuto, la correccin territorial entre las circunscripciones con menor y mayor censo electoral oscilar entre 1 a 1 y 1 a 2,75.

    6 En las Comunidades Autnomas uniprovinciales, la provincia ser la circunscripcin electoral nica, a menos que sus fuerzas polticas con representacin en las Cortes Gene-rales convengan otra cosa por unanimidad.

    En las Comunidades Autnomas pluriprovinciales la circunscripcin electoral ser la provincia.

    7 En el caso de Canarias y Baleares, los Partidos firmantes tratarn de llegar a un acuerdo, y caso de no conseguirlo, la circunscripcin electoral ser la isla.

    Asimismo los Partidos firmantes se comprometen a hacer compatible la condicin de Consejero de Cabildo o Consejo Insular con la de Concejal, as como la de Consejero de Cabildo o Consejo Insular y la de Concejal con la de miembro de la Asamblea Legislativa de las respectivas Comunidades.

    ESTATUTOS DE SUS MIEMBROS

    Los miembros de las Asambleas de las Comunidades Autnomas gozarn, aun despus de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato, no podrn ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de su Comunidad Autnoma, sino en caso de flagrante delito, correspon-diendo decidir, en todo caso, sobre su inculpacin, prisin, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autnoma. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal ser exigible, en los mismos trminos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

    FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS

    1 Los perodos de sesiones de las Asambleas sern limitados. A tal fin, los Estatutos de Autonoma pendientes de aprobacin incluirn las siguientes previsiones:

    La Asamblea Regional se reunir en sesiones ordinarias y extraordinarias.

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    Los perodos ordinarios de sesiones comprendern cuatro meses y se celebrarn entre septiembre y diciembre, el primer perodo, y entre febrero y junio, el segundo.

    Las sesiones extraordinarias habrn de ser convocadas por su Presidente, con especifi-cacin, en todo caso, del orden del da, a peticin de la Diputacin Permanente, de una quinta parte de los Diputados o del nmero de Grupos Parlamentarios que el Regla-mento determine, as como a peticin del Consejo de Gobierno.

    2. Los miembros de las Asambleas slo debern percibir dietas, pero no consignaciones o sueldos fijos ni peridicos.

    3 Debe estudiarse el nmero mximo de miembros de las Asambleas, a la vista de los Proyectos de Estatuto.

    4. Debe aceptarse la llamada mocin o voto de censura constructiva, aprobada por mayora absoluta y con presentacin de candidato. La mocin de censura podr presen-tarse, como mnimo, por un 15 por 100 de los miembros de la Asamblea.

    Los signatarios de una mocin de censura no podrn presentar otra mientras no trans-curra un ao desde aqulla dentro de la misma legislatura.

    4.2 rganos de gobierno

    1. El Consejo de Gobierno u rgano ejecutivo no podr disolver la Asamblea, estimn-dose que ser beneficioso para el inters general hallar una frmula que as lo establezca en las Comunidades Autnomas ya constituidas.

    2. El Presidente de las Comunidades Autnomas deber ser designado por la Asamblea, por mayora absoluta de sus miembros, o en su defecto, en el plazo mximo de dos meses, por mayora simple.

    3. Ello no obstante, en los futuros Estatutos debe dejarse abierta la posible disolucin de las Asambleas Legislativas slo en el caso de que, por mayora absoluta, o en su defecto, por mayora simple, la Asamblea electa no pueda, en el plazo de dos meses, nombrar Presidente de la Comunidad Autnoma. Si esta disolucin se produce y se convocan elecciones inmediatas, las siguientes elecciones debern celebrarse el mismo da que todas las de las restantes Comunidades Autnomas, segn lo establecido en el apartado correspondiente de este documento.

    4. Los Consejos de Gobierno se compondrn, como mximo, de diez miembros con cargos de responsabilidad ejecutiva.

    5. No existir ms personal libremente designado en las Comunidades Autnomas que el estrictamente preciso para el apoyo inmediato de los rganos polticos. Todos los cargos con responsabilidades administrativas directas, desde el nivel equivalente a Director general, sern designados libremente entre funcionarios.

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    5. CUESTIONES RELATIVAS A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS Y A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

    5.1 Coordinacin

    En los trminos que establezca una Ley de las Asambleas de las Comunidades Autnomas en el marco de la legislacin del Estado, la Comunidad Autnoma articular la gestin ordinaria de sus servicios perifricos propios a travs de las Diputaciones Provinciales. La Ley establecer los mecanismos de direccin y control por parte de la Comunidad.

    La Comunidad Autnoma coordinar las funciones propias de las Diputaciones Provin-ciales que sean de inters general comunitario. A estos efectos y en el marco de la legisla-cin del Estado, por Ley de la Asamblea aprobada por mayora absoluta, se establecern las frmulas generales de coordinacin y la relacin de las funciones que deban ser coor-dinadas, fijndose, en su caso, las singularidades que, segn la naturaleza de la funcin, sean indispensables para su ms adecuada coordinacin.

    La Comunidad Autnoma podr transferir o delegar en las Diputaciones, mediante ley aprobada por mayora absoluta, facultades correspondientes a materias de su compe-tencia. Esta ley prever en cada caso la correspondiente transferencia de medios finan-cieros, as como la forma de direccin y control que se reserve la Comunidad.

    5.2 Comunidades uniprovinciales

    En las Comunidades Autnomas uniprovinciales, la Diputacin se integrar en la orga-nizacin poltica de aqulla y sus servicios administrativos seguirn siendo la base de la nueva Administracin regional.

    La integracin de las Diputaciones en las Comunidades Autnomas uniprovinciales ha de hacerse con eficacia, dado que las Comunidades asumen las competencias, medios y servicios de las Diputaciones desde su constitucin y que dichas Comunidades unipro-vinciales son, asimismo, las Corporaciones representativas a que se alude en el artculo 141.2 de la Constitucin.

    La Comunidad asumir, desde su constitucin, las competencias, medios y funciones que, segn la Ley, correspondan a la Diputacin.

    Una ley de la Asamblea determinar qu funciones de las Diputaciones sern asumidas, segn su naturaleza, por los distintos rganos de la Comunidad Autnoma.

    5.3 Elecciones para las Diputaciones

    1 En relacin con las Diputaciones Provinciales, la Ley de Elecciones Locales deber reformarse en las siguientes cuestiones estrictas:

    a) Los Diputados provinciales sern elegidos por sufragio universal, directo y secreto, mantenindose los partidos judiciales actualmente vigentes como circunscripciones elec-torales, as como la actual distribucin numrica de puestos a cubrir por distritos. Igual-mente se mantendr lo previsto en el artculo 34 de la vigente Ley de Elecciones Locales.

    b) Los partidos firmantes se comprometen a hacer compatible la condicin de Diputado provincial con la de Concejal, as como la de Diputado provincial y la de Concejal con la de miembro de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas.

    2 La Ley Orgnica de Reforma de la de Elecciones Locales deber estar en vigor antes del 30 de abril de 1982.

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    6. TRANSFERENCIAS

    6.1 Criterios bsicos

    Los criterios de homogeneidad y simultaneidad deben aplicarse a las Comunidades Autnomas y a los Entes Preautonmicos. Se formulan dos salvedades al contenido de esta recomendacin.

    1. Ambos criterios deben aplicarse no slo a las Comunidades Autnomas, sino tambin a los Entes Preautonmicos, aunque sea distinto el ejercicio de competencias por dichos Entes.

    2. La simultaneidad de las transferencias no debe ni puede producirse de modo auto-mtico para todas las Comunidades ni Entes Preautonmicos, ni imponerse, porque, en todo caso, deber atemperarse al grado de organizacin de la Comunidad o Ente para asumirlas y ejercitarlas responsable y eficazmente.

    6.2 Comisiones de transferencias

    Ha de introducirse en los Estatutos de Autonoma pendientes de aprobacin una clusula con el siguiente tenor literal:

    Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgnicos de natura-leza homognea, la Comisin Mixta de Transferencias estar asistida por Comisiones sectoriales de mbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental ser determinar con la representacin de la Administracin del Estado los traspasos de competencias y de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad Autnoma.

    Las Comisiones sectoriales trasladarn sus propuestas de acuerdo a la Comisin Mixta, que las habr de ratificar.

    Debe suprimirse la delegacin prevista en el artculo 2., 2, del Real Decreto 1968/1980, de 12 de diciembre.

    Es necesario que en estas Comisiones sectoriales se vayan integrando de modo autom-tico la representacin de cada Comunidad Autnoma desde el momento de su consti-tucin, hasta quedar integradas en estas Comisiones sectoriales todas las Comunidades Autnomas que desde ahora se constituyan.

    6.3 Calendario de transferencias

    Para las transferencias de la Administracin del Estado a los Entes Preautonmicos y a las Comunidades Autnomas se proceder de la manera siguiente:

    1. En lo relativo a las transferencias a los Entes Preautonmicos se seguirn los siguientes calendarios y criterios:

    a) En el mes de julio de 1981 se iniciar la homogeneizacin (mediante las Comisiones sectoriales) de las transferencias realizadas por los Ministerios de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y de Agricultura y Pesca, de modo que cada territorio Preautonmico reciba, aceptada y garantizada su gestin, tantas transferencias como el territorio Preau-tonmico que mayor volumen de ellas haya recibido de estos Ministerios.

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    b) Antes del 1 de noviembre de 1981 debe estar elaborado el calendario global de las transferencias a realizar por cada Departamento ministerial, por reas homogneas, con el criterio sealado en el inciso final del apartado anterior.

    c) En las transferencias a los Entes Preautonmicos se procurar, siempre que sea posible, alcanzar el techo previsto en el artculo 148.1 de la Constitucin.

    2. En lo relativo a las transferencias a las Comunidades Autnomas que se constituyan, se atender especialmente a los siguientes criterios:

    a) Se debe seguir preferentemente, en las Comunidades Autnomas que se constituyan y en la medida que hayan asumido competencias efectivas, el orden adoptado respecto de las Comunidades ya constituidas.

    b) Se debe asumir un cuadro, relacin o bloque de competencias comn que permita a las Comunidades Autnomas asumir bloques orgnicos de materias que posibilite una racional y homognea atencin de los servicios pblicos.

    c) En todo caso se redactar, antes del 1 de octubre de 1981, un calendario completo de las transferencias a realizar antes del 31 de diciembre de 1981. Los calendarios de las posteriores transferencias sern conocidos, al menos, con un semestre de antelacin. A estos efectos se procurarn Jos oportunos acuerdos con los Consejos de gobierno de las Comunidades ya constituidas.

    7. POSIBLES PREVISIONES PARA CANTABRIA Y LA RIOJA1. El mapa autonmico que debe constituirse es el mencionado en el nmero I de este documento.

    2. En el caso de que Cantabria y La Rioja as lo decidan debe hacerse posible su inte-gracin en Castilla-Len. A tal efecto en sus Estatutos es conveniente introducir alguna clusula que posibilite la decisin de integracin aludida.

    A ttulo indicativo podra, en su caso, utilizarse la siguiente clusula:

    La Comunidad Autnoma podr acordar su incorporacin a la de Castilla-Len mediante el procedimiento siguiente:

    1. La iniciativa corresponder a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autnoma mediante decisin adoptada por dos tercios de sus miembros.

    2. El acuerdo favorable deber ser ratificado en el plazo de seis meses por un nmero no inferior a los dos tercios de los Ayuntamientos, cuya poblacin represente, al menos, la mayora del censo electoral del territorio de la Comunidad Autnoma.

    3. La integracin precisar, en todo caso, la aprobacin de las Cortes Generales mediante Ley Orgnica.

    Para el caso de que se ejerciera esta iniciativa a partir de la libre voluntad de Cantabria y de La Rioja, en los trminos anteriormente sealados, el Estatuto de Castilla-Len podra contener la siguiente clusula:

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    En el caso de que una Comunidad Autnoma decida, a travs de sus legtimos repre-sentantes, su disolucin para integrar su territorio en el de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len, la incorporacin deber ser aprobada por Jas Cortes de Castilla y Len o por el Pleno del Consejo General a que se refiere la Disposicin Transitoria Primera.

    Adoptado alguno de los acuerdos a que se refieren los apartados anteriores, la reforma del Estatuto, que slo podr extenderse a los extremos derivados del acuerdo correspon-diente, deber ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgnica.

    8. RESPETO A LOS ESTATUTOS DE AUTNOMIA EN VIGOREn el absoluto respeto a los Estatutos de Autonoma en vigor, el Gobierno de la Nacin y los representantes de los Partidos firmantes se proponen acordar con los Consejos de Gobierno de las respectivas Comunidades Autnomas y con las fuerzas polticas con representacin en las Asambleas o Parlamentos de las distintas Comunidades las siguientes cuestiones:

    1. Dado que Catalua y el Pas Vasco tienen ya establecidas sus propias fechas electo-rales y que las elecciones de Galicia y Andaluca se celebrarn conforme a sus Estatutos, se procurar acordar con los rganos competentes de tales Comunidades la celebracin en el futuro de sus elecciones en una fecha comn para toda Espaa.

    2. Debern establecerse contactos con los Consejos de Gobierno y las fuerzas polticas de Catalua, Pas Vasco y Galicia con la finalidad de hallar una frmula que impida al Consejo de Gobierno u Organo Ejecutivo disolver al Parlamento o Asamblea.

    3 En relacin con el apartado 6.2 de este Acuerdo, debe buscarse la integracin en las Comisiones Sectoriales de las representaciones de las Comunidades Autnomas de Catalua, Pas Vasco y Galicia.

    4. Es preciso establecer los criterios de homogeneidad, simultaneidad, en los procesos de transferencias a las Comunidades Autnomas de Catalua, Pas Vasco y Galicia.

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    III. ACUERDOS POLTICOS EN MATERIAS ECONMICO-FINANCIERAS

    1. El esquema de financiacin contenido en la LOFCA constituye la norma bsica y es suficiente para desarrollar todos los mecanismos de financiacin exigidos por el proceso de autonomas.

    2. El proceso de autonomas se llevar a cabo garantizando un doble equilibrio. De una parte, el equilibrio financiero de las CC. AA., y, de otra, el equilibrio financiero de la Administracin Central del Estado. En consecuencia, cuando existan soluciones alterna-tivas ante un mismo problema se optar por aquella que satisfaga este doble requisito.

    3. El mantenimiento de los equilibrios financieros exige que los costes originados por las instituciones de las CC. AA. (rganos de gobierno, asambleas legislativas, etc.), deban absorberse, gradualmente, con cargo a sus propios recursos, a lo largo del perodo tran-sitorio.

    4 Las normas financieras contenidas en la LOFCA son aplicables, con carcter general, a todas las Comunidades Autnomas.

    La especificidad de los sistemas de Concierto y Convenio, aplicables exclusivamente al Pas Vasco y Navarra, afecta solamente a las materias de orden fiscal, pero no al conte-nido de las dems competencias.

    La especificidad de Canarias, Ceuta y Melilla es, solamente, de orden tributario.

    5. La distribucin de competencias debe entenderse como un proceso de reasignacin de las mismas, de forma que cada servicio pblico sea prestado por el nivel poltico-administrativo econmicamente ms adecuado. En consecuencia, los servicios transfe-ridos a las Comunidades Autnomas podrn ser gestionados tanto por stas como por la entidad local cuyo mbito jurisdiccional resulte ms prximo al mbito geogrfico para el cual los costes del servicio por habitante sean mnimos.

    En su caso, la delegacin de la gestin la efectuar el nivel poltico-administrativo que sea competente.

    6 El criterio de internalizacin de costes debe observarse en el comportamiento de las Comunidades Autnomas. La solidaridad entre las mismas, que garantiza la Constitu-cin, se alcanzar por tanto a travs de la poltica de redistribucin que compete a la Administracin Central del Estado, al igual que todas aquellas otras actuaciones que puedan afectar a la unidad de mercado en el territorio espaol.

    7. El sistema LOFCA, durante el perodo transitorio, debe satisfacer un doble requisito:

    Primero, garantizar a todas las Comunidades Autnomas y Entes Preautonmicos los recursos suficientes para atender el coste de los servicios transferidos al mismo nivel de prestacin en que vena hacindolo el Estado durante el ao anterior al de la transferencia.

    Segundo, distribuir solidariamente entre las distintas Comunidades Autnomas y Entes Preautonmicos los nuevos servicios que se vayan creando con cargo a Jas nuevas inver-

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    siones. Dicho principio de solidaridad es aplicable tanto para las dotaciones del Fondo de Compensacin Interterritorial como para las inversiones que efecte el Estado, en funcin de sus competencias.

    8. La identificacin de los servicios transferidos a las Comunidades Autnomas y a los Entes Preautonmicos, as como de las funciones que stas pasan a ejercer debern hacerse mediante los Decretos de Transferencia o, en su caso, mediante norma expresa y especfica al respecto.

    9. En todo caso, los Decretos de Transferencia debern ser homogneos en cuanto a su estructura y tcnica de delimitacin del servicio transferido. Al menos debern contener las siguientes previsiones:

    Referencia a las normas constitucionales y estatutarias en las que se ampara la transferencia de los servicios, indicando si con el Decreto en cuestin se agota o queda abierta la transferencia de servicios, en la materia de que se trate.

    Identificacin concreta de los servicios que se transfieren a la Comunidad Au-tnoma, as como de las funciones y competencias especficas que sta pasar a ejercer.

    Especificacin de los servicios y de las funciones y competencias que, sobre la materia objeto de traspaso, contina reservndose Ja Administracin Central del Estado.

    Identificacin concreta y especfica de aquellas funciones en que la Administra-cin Central y la Autonmica han de concurrir, determinando la forma institucio-nal de cooperacin entre ambas administraciones.

    Relacin de los medios personales y materiales adscritos a los servicios objeto de transferencia.

    Valoracin, de acuerdo con una metodologa uniforme, del coste efectivo de los servicios y funciones transferidos, con indicacin de si se trata de una valoracin provisional o definitiva y, en este ltimo caso, fijando el porcentaje equivalente sobre los ingresos del Presupuesto del Estado.

    Dotacin simultnea, evitando las actuales demoras de los crditos presupues-tarios puestos a disposicin de la Comunidad Autnoma, correspondientes a las valoraciones efectuadas, cancelando los equivalentes del presupuesto del Estado y desapareciendo, en consecuencia, las unidades orgnicas y plantillas de per-sonal correspondientes. En el caso del Pas Vasco, la cancelacin de crditos en el presupuesto del Estado debera realizarse, como mnimo, por el importe que resultase de multiplicar el ndice de imputacin que ms adelante se define, por los crditos, a nivel nacional, correspondientes a los servicios transferidos.

    10. Con objeto de permitir una adecuada preparacin de las respectivas administra-ciones, la efectividad de las transferencias se producir solamente en dos momentos cada ao, correspondientes al primero de enero y primero de julio.

    11. El coste efectivo de los servicios transferidos estar formado, para cada servicio y Comunidad Autnoma, por la suma de los correspondientes costes directos, indirectos y gastos de inversin, posteriormente definidos.

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    12. La determinacin del coste efectivo de los servicios transferidos a las Comuni-dades Autnomas se har de forma analtica, servicio a servicio, identificando todos los elementos del mismo para cada Comunidad Autnoma.

    13. Constituye el coste directo de un servicio, la suma de los costes de personal y de los gastos de funcionamiento, directamente vinculados a la prestacin del mismo. La valo-racin de dicho coste se efectuar computando las partidas correspondientes de los cap-tulos I y II de la actual estructura presupuestaria, tanto del presupuesto de gastos del Estado como, en su caso, del organismo autnomo que prestase el servicio transferido.

    No se computarn como gastos de personal los correspondientes a las vacantes no dotadas presupuestariamente, ni tampoco las dotadas, cuando no hubieran estado cubiertas efectivamente durante los tres aos anteriores. En este ltimo caso, tales plazas dotadas se darn de baja en los presupuestos del Estado.

    14. Constituyen los costes indirectos jos correspondientes a gastos de personal y adqui-siciones de bienes y servicios, necesarios para realizar las funciones de apoyo, direccin y coordinacin en el mbito de la Comunidad Autnoma receptora, del servicio transferido. Dicho coste se valorar igualmente mediante la suma de las partidas corres-pondientes de los captulos I y II del presupuesto de gastos del Estado o, en su caso, del organismo autnomo.

    Debe entenderse que una parte de los costes indirectos corresponden a los rganos de la Administracin perifrica del Estado en el territorio de la Comunidad Autnoma y otra parte a los rganos de la Administracin Central del Estado.

    Nunca se computarn como costes indirectos las tareas generales de coordinacin, direccin y apoyo que a nivel de todo el territorio nacional sigan siendo ejercidas por la Administracin Central del Estado, en el mbito de sus competencias.

    En los costes indirectos se incluirn Jos correspondientes a las oficinas de programacin de inversiones, vinculadas a los servicios transferidos.

    Cuando en el clculo de los costes indirectos de un servicio se computen unidades no enteras, se estimarn posteriormente las unidades enteras equivalentes, con objeto de cuantificar los elementos a transferir. Este procedimiento se observar, especialmente, en el caso de los costes de personal.

    Siempre que se transfieran servicios se darn de baja simultneamente los crditos corres-pondientes en el presupuesto del Estado. Asimismo cuando dichos crditos comporten gastos de personal, sea como coste directo o indirecto, se transferir necesariamente el personal correspondiente. En el supuesto contemplado en el apartado anterior se trans-ferir el personal equivalente.

    15. Tanto los costes directos como los indirectos estarn referidos a aquellos en que incurri efectivamente el Estado, durante el ejercicio anterior a aquel en que se produjo la transferencia de los servicios.

    16. Cuando las Comunidades Autnomas asuman la gestin de competencias del Estado, en particular las vinculadas a subvenciones, ste las dotar de los recursos necesarios para afrontar dicha gestin. Sin embargo, no se computar, en ningn caso, el importe de la misma subvencin como coste efectivo de la gestin asumida.

  • 17

    17. Constituyen los gastos de inversin, incluibles en el coste efectivo de los servicios transferidos, los de conservacin, mejora y sustitucin en que, efectivamente, hubiese incurrido el Estado durante el ejercicio anterior al de la transferencia, respecto del servicio transferido.

    La valoracin de los gastos de inversin incluir las partidas correspondientes a conser-vacin, mejora y sustitucin de los servicios transferidos, contenidas en los captulos II y VI de la actual estructura del presupuesto de gastos del Estado o, en su caso, del orga-nismo autnomo.

    La determinacin de los gastos de inversin anteriores, correspondientes a cada servicio y Comunidad Autnoma, se efectuar de la siguiente forma:

    1. Para cada servicio se determinarn los gastos de inversin, antes definidos, a nivel nacional.

    2. Los gastos de inversin por dicho servicio sern los que correspondan a cada Comunidad Autnoma en funcin de indicadores expresivos del stock de ca-pital, vinculado al servicio transferido (por ejemplo, plazas escolares, camas de hospital, kilmetros de carreteras, etc.).

    3. En los casos en que el anterior mtodo no resultase factible, la imputacin de los gastos de inversin se efectuar proporcionalmente a los gastos directos del servicio.

    El mtodo de valoracin aplicable para los gastos de inversin depender, como es lgico, de la naturaleza del servicio pero, decidido el mtodo ms adecuado para cada servicio, este mtodo ser igual para todas las Comunidades Autnomas.

    18. Tanto la determinacin del coste de los servicios transferidos como su equivalente las cargas asumidas, en el sistema de Concierto o Convenio, ser homognea para todas las Comunidades Autnomas y su metodologa comn deber elaborarse por el Consejo de Poltica Fiscal y Financiera, de acuerdo con lo previsto en la LOFCA.

    19. Cuando se transfieran servicios, sean de la Administracin Central o sean de la Administracin Institucional, cuya prestacin est gravada por tasas o reporte ingresos de derecho privado, el importe de la liquidacin lquida obtenida por aqullas y stos, en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma, minorar la valoracin del coste efectivo del servicio transferido.

    20. El porcentaje de participacin en ingresos se aplicar por primera vez para el ejercicio siguiente al de constitucin de la Comunidad Autnoma, excepto en el caso de que la constitucin se produzca durante el segundo semestre del ao, en cuyo caso la partici-pacin en ingresos ser aplicable para el segundo ao siguiente.

    A estos efectos, se entiende constituida una Comunidad cuando aparezca publicado su Estatuto en el Boletn Oficial del Estado.

    El porcentaje de participacin aplicable se determinar sumando el correspondiente a cada servicio transferido.

    21. El porcentaje correspondiente a cada servicio transferido ser el que represente el coste efectivo de dicho servicio en el mbito de la Comunidad Autnoma de que se

  • 18

    trate, respecto de los ingresos que efectivamente hubiera obtenido el Estado por los cap-tulos I y II de su presupuesto, excluidos los provenientes de los impuestos susceptibles de cesin. Cuando este clculo se refiera a ejercicios anteriores a 1981 deber excluirse igualmente del denominador la recaudacin que por tales ingresos hubiera obtenido el Pas Vasco de haber estado vigente el Concierto.

    22. Tanto el coste del servicio como los ingresos del Estado a que se refiere el punto anterior, sern los efectivamente registrados durante el ao inmediatamente anterior al de la transferencia del servicio.

    23. Hasta que se produzca la valoracin definitiva del servicio transferido, la financia-cin del mismo se realizar mediante la cesin del crdito presupuestario correspon-diente por parte del Estado.

    24. No debe efectuarse la cesin de tributos a una Comunidad Autnoma, en tanto el coste efectivo de los servicios transferidos a sta no exceda del rendimiento de aqullos. En todo caso la cesin de tributos se efectuar siempre con vigencia a partir del primero de enero del ao siguiente al que se apruebe la Ley correspondiente.

    25. El alcance y condiciones de la cesin de tributos ser igual para todas las Comuni-dades Autnomas. A tal efecto se elaborar una Ley donde se especifiquen dicho alcance y condiciones con carcter general, de forma que la cesin de tributos para cada Comu-nidad se haga en una Ley de artculo nico mediante la cual se aplica a dicha Comu-nidad la Ley antes citada.

    Dicha Ley general se remitir a las Cortes antes del primero de diciembre de 1981.

    26. En lo sucesivo, la cesin de impuestos reducir el porcentaje de participacin en ingresos a partir del ejercicio en que se produzca. Dicha reduccin ser igual al porcen-taje que suponga la recaudacin que obtuvo el Estado por los Impuestos cedidos en el mbito de la Comunidad Autnoma correspondiente al ao inmediatamente anterior a la cesin respecto de los ingresos efectivamente obtenidos en dicho ao, en los captulos I y II de su presupuesto, con excepcin de los impuestos susceptibles de cesin.

    27. Cuando se produzcan cambios en la legalidad tributaria, con objeto de conseguir recursos para financiar necesidades derivadas de competencias del Estado, podr proce-derse a ajustar el porcentaje de participacin de las Comunidades Autnomas en los ingresos del Estado, de acuerdo con lo sealado en el artculo 13 de la LOFCA.

    28. El trabajo de las Comisiones Mixtas no finalizar antes de que se hayan fijado los correspondientes porcentajes de participacin en ingresos sobre la base de datos defini-tivos.

    29. La aplicacin del porcentaje de participacin a que se refiere el artculo 13 de la LOFCA exigir previamente la aprobacin de una Ley donde se desarrolle un sistema comn aplicable a todas las Comunidades Autnomas.

    30. En relacin con las asignaciones presupuestarias destinadas a garantizar un nivel mnimo de prestacin de los servicios pblicos fundamentales:

    El Gobierno se compromete a presentar un Proyecto de Ley antes del 30 de junio de 1982.

    En este proyecto se definirn cules son los servicios pblicos fundamentales.

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    El proyecto deber contemplar alguna forma de evaluacin de la gestin de las Comu-nidades Autnomas a las que vayan a destinarse dichas asignaciones presupuestarias.

    El proyecto al que se hace referencia contemplar adems otro tipo de ayudas no finan-cieras, que sirvan tambin para conseguir los objetivos de nivelacin en la prestacin de servicios pblicos fundamentales.

    Una vez decidido el sistema de clculo del nivel medio de prestacin de servicios pblicos fundamentales se fijar ste por un perodo de cinco aos.

    31. El Gobierno presentar un Proyecto de Ley del Fondo de Compensacin Interterrito-rial antes del 1 de octubre de 1981. A tal efecto, el CPFF deber iniciar inmediatamente el estudio y valoracin de los criterios de distribucin del Fondo, de acuerdo con lo previsto en la LOFCA.

    32. En el citado Proyecto de Ley se definir la base del clculo de la cuanta del Fondo. Dicha base estar integrada por las inversiones pblicas reales, financiadas por el Estado o sus Organismos Autnomos, excluidas las del Ministerio de Defensa. En la termino-loga presupuestaria actual esto se corresponde con la suma de los captulos VI de los Presupuestos del Estado y de los de sus Organismos Autnomos y las transferencias de capital a Corporaciones Locales. De este total se excluirn los gastos destinados a conser-vacin, mejora y sustitucin de bienes de capital pblico.

    33. En dicha Ley se determinar el porcentaje fijo a aplicar a la base del clculo, con indi-cacin de su plazo de vigencia temporal.

    34. En todo caso, el volumen mnimo del Fondo ser el que resulte de sumar las inver-siones nuevas correspondientes a las competencias transferidas a las Comunidades Autnomas.

    35. Las Comunidades Autnomas y Entes Preautonmicos que reciban recursos del FCI por encima de un mnimo que se fije elaborarn conjuntamente con la Administra-cin Central un Programa de Desarrollo regional, de acuerdo con la metodologa de las Comunidades Europeas. Estos Programas de Desarrollo Regional debern insertarse en el marco de la poltica econmica general.

    Las Comunidades Autnomas y Entes Preautonmicos que no estn obligados a elaborar un PDR elaborarn conjuntamente con la Administracin Central del Estado la lista de proyectos que sean financiados con cargo al FCI, de forma que se muestre su coordina-cin con el resto de las inversiones pblicas que se vayan a realizar en el mbito de su territorio

    36. La lista de proyectos financiados con cargo ai FCI vendr dividida en dos partes. Por un lado, aquellos cuya responsabilidad de ejecucin corresponda a la Comunidad Autnoma, Ente Preautonmico o Entidades Locales y, por otro, aquellos cuya responsa-bilidad de ejecucin corresponda al Estado. No obstante, la Ley de FCI deber permitir que la Administracin Central del Estado pueda gestionar la ejecucin de proyectos decididos por la Comunidad, cuando sta solicitase expresamente tal gestin.

    37. Los gastos de funcionamiento que pudieran generar las inversiones realizadas con cargo al Fondo de Compensacin Interterritorial en materias de competencia de las Comunidades Autnomas, se cubrirn con los recursos de stas.

  • 20

    Excepcionalmente, cuando se trate de inversiones efectuadas por una Comunidad en un servicio cuya dotacin en dicha Comunidad no alcance el nivel mnimo que garantiza el artculo 15 de la Ley Orgnica de Financiacin de las Comunidades Autnomas, al fijarse la cuanta de las asignaciones presupuestarias correspondientes a dicha Comu-nidad en los Presupuestos Generales del Estado, se contemplar la capacidad financiera de la referida Comunidad para asumir los gastos correspondientes derivados de tales inversiones.

    38. Los recursos del Fondo debern ser distribuidos entre todas las Comunidades Aut-nomas y Entes Preautonmicos, pero de tal forma que los mismos se concentren en los territorios menos desarrollados.

    39. Los indicadores a utilizar para configurar la distribucin de recursos del Fondo debern ser nicamente los explicitados en la LOFCA. Una vez obtenido el indicador o los indicadores correspondientes deber tenerse en cuenta la poblacin de las Comu-nidades Autnomas o del Ente Preautonmico que, teniendo igual nivel de desarrollo, tiene necesidades distintas.

    40. El Proyecto de Ley del FCI deber extender la obligacin de rendir cuentas a las Cortes, en los trminos previstos en el apartado 4 del artculo 16 de la LOFCA, al propio Estado, por cuanto le corresponde la ejecucin de parte de las inversiones incluidas en el Fondo.

    41. El destino de las dotaciones del Fondo de Compensacin Interterritorial a finalidades distintas de las previstas tendr el mismo tratamiento sancionador, cualquiera que sea la Administracin que incurra en dicho comportamiento.

    42. Los remanentes de crdito no comprometidos correspondientes a proyectos de inver-sin financiados con cargo a la dotacin del Fondo de Compensacin Interterritorial asignada a una Comunidad podrn incorporarse por una sla vez a los crditos del ejercicio siguiente de dicha Comunidad. Caso de persistir en ejercicios sucesivos tales remanentes, stos se incorporaran a la dotacin global del Fondo.

    43. En la Ley de Presupuestos del Estado para 1982 se incluir una dotacin al FCI que tendr los siguientes rasgos:

    El volumen de este Fondo ser de ciento ochenta mil millones de pesetas.

    Incluir una propuesta concreta de distribucin regional del Fondo de acuerdo con lo que prevea el Proyecto de Ley del FCI.

    El Gobierno informar al CPFF de los proyectos de inversin que pretenda incluir en el FCI.

    La ejecucin de los proyectos convenidos en esta dotacin presupuestaria recaera en el Estado, salvo algunas excepciones en el caso de Comunidades Autnomas ya constituidas.

    44. Es aconsejable que las Comunidades Autnomas utilicen para allegarse recursos propios la va de los recargos sobre impuestos estatales, antes de recurrir a una prolife-racin de los tributos propios.

    45. Los recargos que puedan establecer las Comunidades Autnomas sobre impuestos del Estado no sern nunca deducibles ni de la base ni de la cuota de los impuestos esta-

  • 21

    tales. A tal fin, el Gobierno presentar, antes del 1 de enero de 1982, las modificaciones legislativas necesarias en los impuestos afectados.

    46. La Administracin Central del Estado, las Comunidades Autnomas y los Entes Preautonmicos estarn obligados, mediante una Ley, a ofrecer e intercambiar la infor-macin necesaria acerca de sus presupuestos y de la ejecucin de los mismos.

    47. El Gobierno deber presentar un Plan Estadstico a realizar por el Instituto Nacional de Estadstica en el que conste los trabajos que deben llevarse a cabo, fijando las priori-dades y plazos para la realizacin de los mismos, as como de las dotaciones presupues-tarias que sean necesarias.

    Este Plan debe presentarse antes del 1 de enero de 1982.

    48. Dada la naturaleza de los servicios, el mbito operativo del INE se extiende a todo el territorio espaol a travs de su propia red territorial, sin perjuicio de los mecanismos de colaboracin que deben existir con las Comunidades Autnomas.

    49. Antes del 1 de enero de 1982 el Ministerio de Hacienda deber presentar igualmente un Programa de Contabilidad Regional de las Administraciones Pblicas adecuado a la metodologa SEC de la contabilidad regional.

    50. La cuantificacin de las cargas asumidas por la Comunidad Autnoma del Pas Vasco se efectuar tomando iguales componentes, valorados con normas y criterios idnticos a los seguidos para las Comunidades Autnomas que se financian con arreglo al sistema LOFCA, si bien los costes as determinados se referirn al mbito de todo el Estado en lugar de al mbito comunitario.

    51. Tendrn el carcter de carga no asumida por la Comunidad Autnoma del Pas Vasco las asignaciones presupuestarias para garantizar el nivel mnimo de prestacin de los servicios pblicos fundamentales en todo el territorio nacional, de acuerdo con el artculo 15 de la LOFCA y 158.1 de la Constitucin.

    52. La Ley del Cupo 1982-1986 debe incorporar los ajustes correspondientes a la impu-tacin territorial de la recaudacin por tributos concertados, cumpliendo de esta forma lo sealado en el artculo 51.2 del Concierto Econmico con el Pas Vasco. En tanto no se disponga de la necesaria informacin estadstica y de la frmula de ajuste que se consi-dere ms conveniente, la prctica de dicho ajuste se efectuar provisionalmente, con el mismo criterio de imputacin que seala el Concierto Econmico para las compensa-ciones del artculo 52.1 del mismo, ya que unas y otras responden a la misma finalidad de ajustar territorialmente los ingresos imputables al Estado y a la Comunidad Autnoma.

    53. Para el cupo correspondiente al quinquenio 1982-1986, el ndice de imputacin a que se refiere el artculo 53.1 del Concierto Econmico ser el porcentaje que represente el PIB, a precios de mercado, del Pas Vasco sobre el total nacional.

    54. La cifra de renta a utilizar para la determinacin del ndice de imputacin ser inicial y provisionalmente la del ltimo ao del que se dispongan datos econmicos precisos. Conocidos estos datos para el ejercicio correspondiente se proceder a practicar la liqui-dacin definitiva prevista en el artculo 55.2 del Concierto.

    55. En el futuro, para la estimacin de la renta regional se utilizar la metodologa de contabilidad regional de las Comunidades Europeas.

  • 22

    56. La lgica econmica subyacente en la determinacin del cupo debera ser la misma aplicable para el caso de Navarra, cuya aportacin econmica al Estado precisa actuali-zarse.

    57. El Gobierno elaborar un Proyecto de Ley para la ordenacin de la economa que permita deslindar las competencias del Estado y de las Comunidades Autnomas en materias econmicas y financieras, as como garantizar la unidad del mercado en todo el territorio nacional.

    58. Debe potenciarse el papel del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera como rgano de coordinacin en materias fiscales y financieras, evitando, de esta forma, la proliferacin de instituciones coordinadoras.

    59. El reglamento de rgimen interior del CPFF debe garantizar:

    La presencia activa en el mismo de los Ministros del Gobierno y de los Consejeros de la Comunidad Autnoma, evitando las delegaciones en funcionarios de las respectivas administraciones.

    La creacin de grupos de trabajo formados por funcionarios que se designen por la Administracin Central del Estado y por las Comunidades Autnomas, encargados de llevar a cabo las tareas y trabajos preparatorios que les fueran encomendados.

    Un sistema de adopcin de resoluciones en el que el nmero de votos del Gobierno resulte equivalente al total de representantes de las Comunidades Autnomas.

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    IV. ANTEPROYECTO DE LEY ORGNICA DE ARMONIZACIN DEL PROCESO

    AUTONMICO

    TTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

    Artculo 1.

    1. En las materias que sean de exclusiva competencia de las Comunidades Autnomas por no incidir en los mbitos que la Constitucin reserva ai Estado, el Gobierno y las Cortes Generales no podrn interferir el libre ejercicio por las Comunidades Autnomas de sus facultades legislativas o ejecutivas fuera de los casos previstos en la propia Cons-titucin y que en estricta aplicacin de la misma se regulan en los artculos siguientes.

    2. El ejercicio de dichas competencias no ser obstculo para la actuacin por el Estado de las que a ste se reservan por la Constitucin, ni podrn excusar el exacto cumpli-miento por las Comunidades Autnomas de los deberes que ante el propio Estado y los ciudadanos espaoles les imponen los artculos 138 y 139 de aqulla y las dems Leyes de general aplicacin.

    Artculo 2.

    1. Siempre que la Constitucin o los Estatutos de Autonoma de las diferentes Comu-nidades Autnomas empleen las expresiones bases, normas bsicas, legislacin bsica u otras semejantes para referirse a la competencia normativa del Estado, se entender que corresponde a ste la determinacin de los principios, directrices y reglas esenciales de la regulacin de la materia de que se trate y, en todo caso, los criterios generales y comunes a que habrn de acomodarse necesariamente las normas auton-micas de desarrollo para garantizar la igualdad bsica de todos los espaoles, la libertad de circulacin y establecimiento de personas y bienes en todo el territorio espaol y la imprescindible solidaridad individual y colectiva.

    2. Las bases que en cada caso establezca la legislacin estatal no podrn reservar al Gobierno poderes reglamentarios y de ejecucin, salvo en aquellos aspectos que deban considerarse contenido bsico de la regulacin legal, por afectar a intereses generales de la Nacin o exigir su tratamiento prescripciones uniformes.

    Artculo 3.

    Mientras las Cortes Generales no elaboren la legislacin a que se refiere el artculo anterior y las Comunidades Autnomas no dicten normas sobre las materias de su competencia, continuarn aplicndose las Leyes y disposiciones del Estado que se refieran a dichas materias, sin perjuicio de su ejecucin por las Comunidades Autnomas en los casos as previstos en sus respectivos Estatutos. No obstante, las Comunidades Autnomas que ostenten esta competencia segn sus Estatutos podrn desarrollar legislativamente los principios o bases que se contenga en el Derecho estatal vigente en cada momento, inter-pretando dicho Derecho conforme a la Constitucin.

  • 24

    Artculo 4.

    Las normas que el Estado dicte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el artculo 149.1 de la Constitucin prevalecern, en todo caso, sobre las normas de las Comunidades Autnomas, cualquiera que sea la denominacin de las competencias que a stas atribuyen sus Estatutos.

    Artculo 5.

    1. La armonizacin normativa por razones de inters general podr hacerse antes o despus de que Jas Comunidades Autnomas hayan dictado las correspondientes dispo-siciones que han de ser objeto de la misma.

    2. En tanto que la Ley de armonizacin no se modifique por el procedimiento establecido en el artculo 150.3 de la Constitucin, los principios de la misma vincularn igualmente a la legislacin del Estado que se refiera a la materia objeto de armonizacin.

    3. Los principios que en las Leyes de armonizacin se establezcan obligan al Estado y a las Comunidades Autnomas a dictar las normas de adaptacin, sin perjuicio de su eficacia inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigor. Mientras las Comunidades Autnomas no dicten la legislacin definitiva de adaptacin, rige el derecho estatal.

    4. Antes de la aprobacin por el Gobierno de un proyecto de Ley de armonizacin deber orse a las Comunidades Autnomas.

    Artculo 6.

    El Gobierno y, en su caso, las Cortes Generales podrn recabar de las Comunidades Autnomas la informacin que precisen sobre la actividad que stas desarrollen en ejer-cicio de sus propias competencias.

    Las informaciones obtenidas por este medio sern accesibles y podrn ser utilizadas por todas las Comunidades Autnomas.

    Artculo 7.

    1. La ejecucin por las Comunidades Autnomas de la legislacin del Estado deber sujetarse a las normas reglamentarlas que las autoridades estatales dicten, en su caso, en desarrollo de aqulla, sin perjuicio de la facultad de organizar libremente sus propios servicios.

    2. El Gobierno velar por la observancia por las Comunidades Autnomas de la norma-tiva estatal aplicable y podr formular a travs del Delegado del Gobierno los requeri-mientos procedentes a fin de subsanar las deficiencias, en su caso, advertidas.

    Cuando tales requerimientos, que tendrn carcter vinculante, sean desatendidos o las autoridades de las Comunidades Autnomas nieguen reiteradamente las informaciones requeridas o dificulten notoriamente la labor del Delegado, el Gobierno proceder, en su caso, en los trminos previstos en el artculo 155 de la Constitucin.

    Artculo 8.

    Cuando las Comunidades Autnomas ejerciten competencias estatales en virtud de una Ley Orgnica de transferencia o delegacin se estar a lo que en cada caso disponga dicha Ley en orden al control estatal de la actividad de aqullas.

  • 25

    Las autoridades de las Comunidades Autnomas habrn de ajustar su actuacin en todo caso a las instrucciones emanadas de las autoridades estatales competentes. El incum-plimiento o inobservancia reiterada de las mismas, una vez constatado, podr dar lugar, previo informe del Consejo de Estado, a la suspensin por el Gobierno de la delegacin o transferencia o al ejercicio directo de la competencia por los rganos del Estado. De esta decisin se dar cuenta a las Cortes Generales, que habrn de ratificarla.

    Artculo 9.

    1. A fin de asegurar en todo momento la necesaria coherencia de la actuacin de los poderes pblicos y la imprescindible coordinacin, se reunirn de forma regular y peridica, al menos dos veces al ao, Conferencias sectoriales de los Consejeros de las distintas Comunidades Autnomas y del Ministro o Ministros del ramo, bajo ja presi-dencia de uno de stos, con el fin de intercambiar puntos de vista y examinar en comn los problemas de cada sector y las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos.

    2. La convocatoria de la conferencia se realizar por el Ministro competente, bien se trate de reuniones ordinarias o de las extraordinarias que se celebren para el tratamiento de asuntos que no admitan demora. En este ltimo caso la convocatoria podr tambin formularse a instancia de alguno de sus miembros.

    Artculo 10

    1. El ejercicio de las competencias del Estado y de las Comunidades Autnomas que afecten a la utilizacin del territorio y al aprovechamiento de los recursos naturales que sean de inters general, se ajustar, en todo caso, a las directrices generales que esta-blezcan los planes aprobados conforme al artculo 131 de la Constitucin.

    2. En los supuestos no contemplados en el nmero anterior, los planes, programas o acuerdos del Estado y de las Comunidades Autnomas que siendo competencia de una de estas esferas afecten a servicios o competencias de la otra se establecern, exclusiva-mente en cuanto a este extremo, de comn acuerdo entre ambas.

    Si no se obtuviera el acuerdo, se sometern fas diferencias al Senado, que adoptar la resolucin que en cada caso considere procedente.

    Artculo 11

    El ejercicio de las competencias estatales a que se refieren los artculos anteriores se ordenar estrictamente a la satisfaccin de los intereses generales, sin interferir las competencias propias de las Comunidades Autnomas para la gestin de sus intereses propios. En ningn caso podrn ejercitarse dichas competencias de forma discrimina-toria para cualquier Comunidad.

    TTULO II. COMUNIDADES AUTONMAS Y DIPUTACIONES PROVINCIALES

    Artculo 12

    1. Sin perjuicio de las competencias que la legislacin de rgimen local atribuye a las Diputaciones Provinciales, los Estatutos de Autonoma y las leyes de las Comunidades Autnomas podrn asignarles competencias propias de la Comunidad o delegarles su ejercicio, siempre bajo la direccin y control de stas. Las Diputaciones Provin-

  • 26

    ciales podrn asumir la gestin ordinaria de los servicios propios de la Administracin autnoma en el territorio de la provincia, en los trminos que los Estatutos y dichas leyes establezcan.

    2. A efectos de la direccin y control del ejercicio de los servicios asignados o delegados a las Diputaciones Provinciales, la Comunidad Autnoma podr elaborar programas y dictar directrices sobre la gestin de los servicios, que sern de obligado cumplimiento para las Diputaciones, as como recabar en cualquier momento informacin sobre la gestin del servicio, enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanacin de las deficiencias observadas.

    En caso de incumplimiento de las directrices, denegacin de las informaciones solici-tadas o inobservancia de los requerimientos formulados, la Comunidad Autnoma, de acuerdo con lo dispuesto en su legislacin, podr revocar la competencia asignada o delegada o ejecutarla por s misma en sustitucin de la Diputacin Provincial. En este ltimo supuesto, las rdenes de la Comunidad autnoma sern vinculantes para todos los agentes que gestionen el servicio de que se trate.

    3. En los supuestos de delegacin y de gestin ordinaria de los servicios de las Comuni-dades Autnomas por las Diputaciones Provinciales, las resoluciones que stas adopten podrn ser recurridas en alzada ante los rganos de aqullas.

    En tales supuestos, podrn tambin las Comunidades Autnomas promover la revisin de oficio de los actos de las Diputaciones Provinciales, de acuerdo con lo previsto en la legislacin vigente.

    4. Las Diputaciones Provinciales podrn organizar los servicios asignados o delegados, que ejercern bajo su responsabilidad, con arreglo a lo dispuesto en los prrafos ante-riores.

    Artculo 13

    Cuando las Diputaciones Provinciales gestionen servicios propios de las Comunidades Autnomas, estas, de acuerdo con su legislacin, podrn fijar mdulos de funciona-miento y financiacin y niveles de rendimiento mnimo, otorgando al respecto las corres-pondientes dotaciones econmicas. Las Diputaciones Provinciales podrn mejorar estos mdulos y niveles utilizando sus propias disponibilidades presupuestarias.

    Artculo 14

    La actividad financiera de las Comunidades Autnomas y las Diputaciones Provinciales podrn coordinarse, en el supuesto de competencias concurrentes, a erectos de la gestin de los servicios correspondientes.

    Para ello se podrn unir los presupuestos respectivos, sin que esto implique la integra-cin de los mismos.

    Artculo 15

    1. Las Comunidades Autnomas podrn delegar en las Diputaciones Provinciales, segn la naturaleza de la materia, el ejercicio de competencias transferidas o delegadas por el Estado a aqullas, salvo que la ley a que se refiere el artculo 150.2 de la Constitucin disponga lo contrario.

  • 27

    2. El Estado no podr transferir o delegar directamente sus competencias a las Diputa-ciones Provinciales, con excepcin del servicio de recaudacin de tributos.

    Artculo 16

    1. En las Comunidades Autnomas uniprovinciales que se constituyan, la Diputacin Provincial quedar integrada en ellas, con los siguientes efectos:

    a) Una vez constituidos los rganos de representacin y gobierno de la Comunidad Autnoma, o en el momento que establezcan los respectivos Estatutos, quedarn disueltos de pleno derecho los rganos polticos de la Diputacin.

    b) La Administracin provincial quedar totalmente integrada en la Administracin autonmica.

    c) La Comunidad Autnoma, adems de las competencias que le correspondan segn su Estatuto, asumir la plenitud de las competencias y de los recursos que en el rgimen comn correspondan a la Diputacin Provincial.

    d) La Comunidad Autnoma se subrogar en las relaciones jurdicas que deriven de las actividades anteriores de la Diputacin Provincial.

    2. Las Comunidades Autnomas uniprovinciales tendrn, adems, el carcter de Corpo-racin representativa a que se refiere el artculo 141.2 de la Constitucin.

    Articulo 17

    Lo dispuesto por esta Ley en relacin con las Diputaciones Provinciales ser aplicable a los Cabildos y Consejos insulares y otras Corporaciones de carcter representativo a que se refiere el artculo 141.2 de la Constitucin, no siendo, sin embargo, aplicable a los Consejos Insulares lo dispuesto en el artculo anterior.

    TTULO III. RGIMEN GENERAL DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNI-DADES AUTONMAS

    Artculo 18

    1. Ser de aplicacin a la Administracin de las Comunidades Autnomas y a los orga-nismos que de ella dependan la legislacin del Estado sobre el procedimiento admi-nistrativo, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizacin propia de aqullas. Tales especialidades debern ser aprobadas por ley de la respectiva Comu-nidad Autnoma, sin que en ningn caso puedan reducirse las garantas que establece la legislacin estatal en favor del administrado.

    2. Tambin sern de aplicacin a la Administracin de las Comunidades Autnomas las normas generales sobre expropiacin forzosa y responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas. Igualmente sern de aplicacin directa las normas estatales sobre contratos y concesiones. En este ltimo caso, mientras el Estado no apruebe la legislacin bsica a que se refiere el artculo 149.1, 18.a, de la Constitucin.

    Artculo 19

    1. En tanto que una ley del Estado no establezca un rgimen distinto, en virtud de lo previsto en el artculo 149.1, 18.a, de la Constitucin, sern de aplicacin a la Admi-

  • 28

    nistracin de las Comunidades Autnomas y a los organismos y empresas que de ella dependan las mismas reglas sobre contabilidad y control econmico y financiero aplica-bles a la Administracin del Estado, sin perjuicio de las especialidades que deriven de los respectivos Estatutos.

    2. El Gobierno elaborar normas o programas de contabilidad regional de las Adminis-traciones pblicas, que sern aplicables a la Administracin de las Comunidades Aut-nomas para procurar su adecuacin a la metodologa europea.

    Artculo 20

    1. El Tribunal de Cuentas, rgano supremo de control externo de la gestin econmica y financiera del sector pblico, establecer Secciones Territoriales para el ejercicio de las funciones que le asigna su Ley Orgnica en el mbito de cada Comunidad Autnoma.

    2. La actividad econmica y financiera de las Entidades locales existentes en dicho terri-torio y la actividad econmica y financiera de la Comunidad Autnoma ser controlada a travs de las Secciones Territoriales.

    Artculo 21

    1. Las Corporaciones de Derecho pblico representativas de intereses econmicos o profesionales que existan o se constituyan en el territorio de cada Comunidad Autnoma se ajustarn en su organizacin y competencias a los principios y reglas bsicas estable-cidos por la legislacin del Estado para dichas entidades, sin perjuicio de cualesquiera otras competencias que pudiera atribuirles o delegarles la Administracin autonmica.

    2. Podrn constituirse por Ley del Estado Consejos generales o superiores de las Corpo-raciones a que se refiere el apartado anterior para asumir la representacin de los inte-reses corporativos en el mbito nacional e internacional. Sin embargo, los acuerdos de las Corporaciones de mbito inferior al nacional no sern susceptibles de ser recurridos en alzada ante los Consejos generales o superiores, si sus estatutos no disponen lo contrario.

    TTULO IV. TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS

    Artculo 22

    El rgimen de traspasos de servicios a las Comunidades Autnomas se acomodar a los siguientes principios:

    a) El conjunto de traspasos de servicios referidos a una misma materia deber prever fechas de entrada en vigor homogneas, con anterioridad a las cuales la Administracin del Estado deber disponer la oportuna reforma de su propia estructura administrativa.

    b) El traspaso de servicios se programar preferentemente teniendo en cuenta los ya operados en relacin con las Comunidades Autnomas constituidas.

    c) Los niveles o mdulos de prestacin de los servicios transferidos en ningn caso podrn ser inferiores a los existentes con anterioridad al traspaso, sin perjuicio de las facultades de organizacin y direccin del conjunto de los servicios que correspondan a la Comunidad Autnoma.

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    Artculo 23

    1. Los Reales Decretos de transferencias de servicios tendrn por objeto bloques mate-riales y orgnicos completos y debern prever los medios personales, financieros y mate-riales necesarios para su normal funcionamiento.

    El Real Decreto de traspaso de servicios de la Administracin del Estado a las Comuni-dades Autnomas recoger, en su caso y de conformidad con el ttulo II de la presente Ley, las formas de su integracin en la organizacin administrativa de las Diputaciones Provinciales, cuya determinacin corresponde a las Comunidades Autnomas.

    2. Cuando en el momento de transferir los servicios se observe que la distribucin de competencias en cada materia no permite un eficaz ejercicio de las mismas, la correcta organizacin de la Administracin autonmica y la ms adecuada reforma de la Admi-nistracin del Estado, se promover la redaccin de los proyectos precisos para que se operen transferencias o delegaciones destinadas a complementar las competencias de las Comunidades Autnomas.

    Articulo 24

    1. Los Reales Decretos de traspasos de servicios establecern la fecha de su entrada en vigor, y podrn condicionar su plena efectividad a la justificacin de la capacidad real de la Comunidad Autnoma receptora para gestionar bajo su responsabilidad la trans-ferencia acordada, circunstancia que ser apreciada conjuntamente por el Gobierno y la Comunidad Autnoma, oda la Comisin Sectorial correspondiente.

    2. En todo caso, la efectividad de las transferencias se producir el 1 de enero o el 1 de julio de cada ejercicio econmico.

    Artculo 25

    1. Los Reales Decretos de transferencias en materia de competencias compartidas esta-blecern de forma expresa las funciones que quedan reservadas a la titularidad del Estado, as como las frmulas de relacin y coordinacin entre ambas instancias.

    2. Los Reales Decretos de traspaso de servicios debern contener:

    a) Referencia a las normas constitucionales y estatutarias que justifiquen cada traspaso.

    b) Designacin de los rganos y, en su caso, entidades que se traspasan.

    c) Relaciones nominales del personal transferido con expresin de su nmero de Registro de Personal y adems, en el caso de los funcionarios, de su puesto de trabajo, situacin administrativa y rgimen de retribuciones; en el del personal contratado, de las condi-ciones del contrato y rgimen de retribuciones, y en el del personal laboral, de su cate-gora, puesto de trabajo y rgimen de retribuciones. En ningn caso podrn transferirse plazas vacantes no dotadas presupuestariamente.

    d) La valoracin definitiva o provisional del coste efectivo de los servicios transferidos, as como las modificaciones que, en su caso, deban operarse en los presupuestos del Estado o de los Organismos autnomos correspondientes, conforme a lo establecido en el artculo siguiente.

  • 30

    e) Inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones de la Administracin del Estado que se transfieren, con especificacin de los datos que permitan la correcta iden-tificacin de los bienes inmuebles.

    f) inventario de la documentacin administrativa relativa al servicio o competencias transferidas.

    Artculo 26

    1. El coste efectivo de los servicios transferidos estar formado para cada servicio y Comunidad Autnoma por la suma de los correspondientes costes directos, indirectos y gastos de inversin que correspondan.

    2. La valoracin de los servicios transferidos se realizar de acuerdo con lo dispuesto en la Disposicin Transitoria Primera, nmero dos, de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, segn el coste efectivo de la prestacin de los servicios referidos, dentro del mbito territorial de la Comu-nidad Autnoma receptora durante el ao inmediatamente anterior al de efectividad de la transferencia. Dicho coste efectivo se determinar de acuerdo con la metodologa comn, aplicable a todas las Comunidades Autnomas, que aprobar el Gobierno previa elaboracin por el Consejo de Poltica Fiscal y Financiera constituido por la referida Ley Orgnica.

    3. En el supuesto de que se careciese de los datos definitivos para realizar la valora-cin a que se refiere el nmero anterior, se proceder a transferir provisionalmente a la Comunidad Autnoma los crditos disponibles en el Presupuesto del Estado, correspon-dientes a los servicios que se transfieren. La Comunidad Autnoma estar obligada en este supuesto a destinar tales crditos a las finalidades previstas en el Presupuesto para su ejecucin por el Estado.

    4. Cuando se transfieran servicios, sean de la Administracin Central o de la Administra-cin Institucional, cuya prestacin est gravada con tasas o reporte ingresos de Derecho privado, el importe de la recaudacin lquida obtenida por aqullas y stos, en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma, aminorar la valoracin del coste efectivo del servicio transferido.

    El Ministerio de Hacienda dictar las normas presupuestarias y contables precisas para asegurar que las Comunidades Autnomas dispongan de los fondos inherentes al traspaso de servicios en la fecha de su efectividad.

    Artculo 27

    1. Los expedientes en tramitacin correspondientes a los servicios o competencias que estn pendientes de resolucin definitiva antes de la fecha de efectividad de la trans-ferencia se entregarn a la Comunidad Autnoma para su decisin. No obstante, los recursos administrativos contra resoluciones de la Administracin del Estado se trami-tarn y resolvern por los rganos de sta.

    2. La entrega de bienes, derechos y obligaciones y documentacin deber formalizarse mediante la correspondiente acta de entrega y recepcin conforme a la normativa estatal correspondiente.

  • 31

    Artculo 28

    1. Los Reales Decretos de transferencia determinarn las concesiones y los contratos administrativos afectados por el traspaso, producindose la subrogacin en los derechos y deberes de la Administracin estatal en relacin con los mismos por la Administracin de la Comunidad Autnoma correspondiente.

    2. Ser ttulo suficiente para la inscripcin en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles de la Administracin del Estado a la Comunidad Autnoma la certi-ficacin por la Comisin Mixta de los acuerdos de traspaso debidamente promulgados. Esta certificacin deber contener los requisitos exigidos por la legislacin hipotecaria y expresin del carcter del traspaso y de las condiciones de la cesin.

    TTULO V. DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO

    Artculo 29

    1. Como consecuencia de la reordenacin de competencias y servicios que resulten del proceso autonmico se reestructurar la Administracin del Estado, observando, en todo caso, los principios constitucionales de eficacia, desconcentracin, coordinacin y economa del gasto pblico.

    2. El Gobierno dar cuenta al Congreso de los Diputados, cada seis meses, de las medidas de reforma que en relacin con los servicios de los Departamentos ministeriales y Orga-nismos de ellos dependientes hayan adoptado en el perodo inmediatamente anterior para acomodar su estructura a las exigencias del proceso autonmico.

    Artculo 30

    La reforma administrativa a que se refiere el artculo anterior atender primordialmente a los siguientes criterios y objetivos:

    a) Reorganizar los servicios de los Departamentos ministeriales y organismos de ellos dependientes para acomodarlos a las funciones que, de acuerdo con el proceso auton-mico, sigan perteneciendo a los mismos.

    b) Supresin de las estructuras de gestin que resulten innecesarias y, en su caso, su reconversin en los servicios de coordinacin, planificacin, inspeccin y documenta-cin, que resulten imprescindibles.

    c) Reestructuracin de la Administracin perifrica de acuerdo con los criterios ante-riores, con supresin de las Delegaciones ministeriales y reagrupamiento de los servicios que deban subsistir bajo la autoridad del Gobernador Civil, que ser el nico delegado de la Administracin del Estado en las provincias, asistido de los rganos de apoyo necesarios.

    Se exceptan de la regla anterior las Delegaciones de Hacienda.

    d) Los servicios perifricos situados en la actualidad en el escaln regional o cuyo mejor nivel de rendimiento sea supraprovincial se reestructurarn conforme a los criterios establecidos en los prrafos anteriores bajo la autoridad del Delegado del Gobierno.

  • 32

    TTULO VI. DE LA FUNCIN PBLICA

    Artculo 31

    1. Los funcionarios adscritos a rganos perifricos de la Administracin estatal o de otras instituciones pblicas cuyos servicios sean transferidos a las Comunidades Autnomas pasarn a depender de stas, sindoles respetados los derechos de cualquier orden que les correspondan en el momento del traspaso.

    2. Las Comunidades Autnomas no podrn nombrar ni contratar personal de cualquier clase, salvo para el desempeo de los puestos de trabajo de carcter poltico o de especial confianza, sin haber antes comunicado la existencia de las vacantes a la Administracin del Estado, a fin de que sta atienda a la provisin de las mismas en la forma en que este artculo dispone. Transcurridos cinco meses, y si fuese estrictamente preciso para asegurar el ejercicio de las competencias que le pertenecen, las Comunidades Autnomas podrn nombrar personal interino para los puestos vacantes hasta tanto se produzcan Jos traslados del personal estatal, de acuerdo con lo previsto en el presente artculo.

    3. Con anterioridad a la publicacin de un Real Decreto de transferencias de servicios, los Departamentos ministeriales afectados debern haber formado las relaciones de funcionarios adscritos a sus servicios centrales y organismos de ellos dependientes que voluntariamente pretendan ser trasladados a las Comunidades Autnomas.

    4. Con carcter igualmente previo a cada Real Decreto de transferencia o, en su caso, antes de que transcurran dos meses desde su publicacin, los Departamentos ministe-riales debern haber adaptado su organizacin a las exigencias del proceso autonmico, en el sentido indicado en el artculo 30 de la presente Ley, determinando los puestos de trabajo que deben ser suprimidos.

    5. En el plazo indicado en el prrafo anterior, los Departamentos debern promover o programar la adscripcin de los funcionarios que ocupaban puestos suprimidos a los nuevos puestos de trabajo que resulten de la reorganizacin y, en su caso, a los que estn cubiertos por funcionarios que hayan solicitado voluntariamente su traslado a las Comunidades Autnomas.

    Los funcionarios adscritos al Departamento que cuenten con mayor nmero de aos de servicio en una determinada localidad tendrn preferencia para ocupar puesto de trabajo.

    El Gobierno aprobar las normas necesarias para que la provisin de puestos de trabajo se realice conforme a criterios pblicos y objetivos.

    6. Aquellos funcionarios que no resulten adscritos a otro puesto de trabajo en la forma indicada en el apartado anterior quedarn en expectativa de destino y podrn participar en los concursos que se celebren para puestos correspondientes a su Cuerpo y categora y pertenecientes a otros Departamentos o Administraciones.

    7. Una vez trasladados los funcionarios que lo hayan solicitado voluntariamente, se proceder a asignar destino forzoso en las Comunidades Autnomas a los que estn en expectativa de destino, siempre que hayan permanecido ms de tres meses en dicha situacin. A estos efectos, se elegir, en primer trmino, a los que tengan menores cargas familiares y, en segundo, a los que tengan menos aos de servicio en la Administracin.

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    8. Las transferencias de las cantidades presupuestarias correspondientes a los funciona-rios de los servicios centrales se harn efectivas en el momento del traslado. Si los funcio-narios en expectativa de destino hubieran participado en algn concurso en el perodo de tres meses a que se refiere el apartado anterior, el traslado no se har efectivo sino en el caso de que, resuelto aqul, no hubieran obtenido plaza.

    9. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, el Gobierno establecer un rgimen especial de jubilacin anticipada a los funcionarios afectados que as lo soliciten y que cuenten con ms de treinta aos de servicios efectivos. Los que sin dicha anti-gedad lo soliciten podrn optar por un rgimen singular de excedencia de diez aos de duracin mnima e indemnizacin que regular el Gobierno.

    10. Los traslados de funcionarios que impliquen cambio de residencia sern, en todo caso, debidamente indemnizados, sin perjuicio de que en los Presupuestos Generales del Estado se incluyan las partidas necesarias para facilitar prstamos con destino a nueva vivienda y otras ayudas complementarias.

    11. La Administracin del Estado no podr convocar oposiciones o concursos para la seleccin de personal respecto de aquellos Cuerpos o Escalas en los que existan funcio-narios en expectativa de destino.

    Artculo 32

    1. Los funcionarios estatales transferidos a las Comunidades Autnomas continuarn perteneciendo a sus Cuerpos o Escalas de origen y tendrn los mismos derechos econ-micos, de carrera y profesionales que correspondan a los funcionarios de dichos Cuerpos o Escalas que estn en servicio activo.

    2. Los funcionarios transferidos se integrarn como funcionarios propios de las Comu-nidades Autnomas, que asumirn todas las obligaciones del Estado en relacin con los mismos, incluidas las que se deriven del rgimen de Seguridad Social o Clases Pasivas que les sea de aplicacin.

    3. Las competencias administrativas que afecten a la relacin funcional o de servicios de los mencionados funcionarios se ejercern por las Comunidades Autnomas, sin perjuicio de la gestin unitaria de la MUFACE y de las Clases Pasivas y, en su caso, del rgimen general de la Seguridad Social que les sea de aplicacin.

    Las Comunidades Autnomas debern remitir informacin peridica a los rganos centrales correspondientes de gestin de personal, acerca de las incidencias relativas a la relacin funcional o de servicios que afecten a dichos funcionarios.

    4. Los funcionarios a que se refiere el presente artculo no podrn ser adscritos en las Comunidades Autnomas a puestos de trabajo que no correspondan a su categora y Cuerpo o Escala.

    Artculo 33

    1. Los funcionarios a que se refiere el artculo anterior podrn participar en los concursos que convoquen las Comunidades Autnomas para la provisin de sus puestos de trabajo, en igualdad de condiciones con el resto de funcionarios propios de aqullas.

    2. Transcurridos dos aos desde su transferencia o traslado a las Comunidades Aut-nomas, los funcionarios podrn participar en los concursos de traslado que convoque el Estado para cubrir puestos de trabajo vacantes en sus servicios.

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    3. Con la misma limitacin temporal, los funcionarios podrn participar en los concursos de traslado que convoquen otras Comunidades Autnomas distintas de las de destino. Al convocar dichos concursos debern reservar un tercio de las plazas para funcionarios transferidos o trasladados a otras Comunidades Autnomas. El derecho preferente a la adjudicacin de dichas plazas es personal y no podr ser ejercido a partir del sptimo ao de la transferencia o traslado.

    4. Finalizado este ltimo plazo, los funcionarios podrn cursar en igualdad de condi-ciones a las plazas vacantes de las Comunidades Autnomas. El rgimen de estos tras-lados ser el previsto en el artculo 33 de la presente Ley.

    Artculo 34

    1. La legislacin sobre el rgimen estatutario de los funcionarios que se dicte en desa-rrollo del artculo 149.1, 18.a, de la Constitucin establecer principios comunes a todas las Administraciones Pblicas en cuanto a la seleccin, carrera, retribuciones y otros derechos profesionales, sindicales y polticos de los funcionarios.

    2. Hasta tanto no sea aprobada dicha legislacin y, en todo caso, dejando a salvo las previsiones recogidas en los artculos anteriores del presente Ttulo, las Comunidades Autnomas no podrn crear Cuerpos o Escalas ni seleccionar funcionarios propios. Quedan exceptuados los cargos de naturaleza poltica previstos en los correspondientes Estatutos y los de especial confianza de los mismos.

    3. De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 23.2 de la Constitucin no podr recono-cerse un derecho preferente para ingreso en los Cuerpos o Escalas que creen las Comu-nidades Autnomas, mediante la celebracin de pruebas restringidas o por cualquier otro procedimiento de acceso, al personal contratado por aqullas con anterioridad a la aprobacin de la legislacin a que se refiere el apartado 1 del presente artculo.

    Artculo 35

    1. Tendrn carcter nacional los Cuerpos o Escalas de funcionarios a los que en el futuro una Ley del Estado asigne dicho carcter.

    Las funciones propias de estos Cuerpos o Escalas debern ser desempeadas en las Comunidades Autnomas por funcionarios procedentes de los mismos.

    2. A los funcionarios de los Cuerpos nacionales ser de aplicacin el rgimen establecido en el artculo 34 de la presente Ley, sin incluir el derecho preferente en los concursos de traslado.

    3. Los funcionarios de los Cuerpos nacionales podrn participar en los concursos que convoquen la Administracin del Estado y las Comunidades Autnomas para la provi-sin de puestos de trabajo propios de los mismos existentes en stas.

    Artculo 36

    A iniciativa de las Comunidades Autnomas, el Estado podr acordar que determinados puestos de trabajo de la Administracin de aqullas sean desempeados por funcio-narios de Cuerpos o Escalas estatales. De esta decisin se dar traslado a los rganos competentes en materia de personal de la Administracin del Estado, a efectos de la ampliacin de las correspondientes plantillas. El rgimen de estos funcionarios ser igualmente el establecido en el prrafo 2 del artculo anterior.

  • 35

    Artculo 37

    1. Los funcionarios no comprendidos en los artculos anteriores se integrarn en los Cuerpos o Escalas propios de cada Comunidad Autnoma. La seleccin, formacin y promocin de los mismos deber realizarse de acuerdo con los principios de igualdad, mrito y capacidad a que se refieren los artculos 23.2 y 103.3 de la Constitucin de conformidad con lo que disponga la legislacin prevista en el artculo 149.1, 18.a, de la misma, o la que, en su desarrollo, puedan dictar las Comunidades Autnomas. La Admi-nistracin del Estado, a propuesta del Consejo Superior de la Funcin Pblica, podr establecer programas mnimos y asumir, de acuerdo con las Comunidades Autnomas, la celebracin de cursos de formacin y perfeccionamiento.

    2. La legislacin sobre funcin pblica que se apruebe de acuerdo con lo establecido en el artculo 149.1, 18.a, de la Constitucin podr fijar lmites relativos en la valoracin de los mritos generales y especficos, tanto para el acceso a los Cuerpos o Escalas a que se refiere el prrafo anterior como para la resolucin de los concursos que se celebren para la provisin de puestos de trabajo.

    3. A propuesta del Consejo Superior de la Funcin Pblica, el Gobierno podr homo-logar Cuerpos o Escalas de funcionarios, atendiendo a los requisitos exigidos para el ingreso en los mismos, titulacin y las caractersticas de las funciones que desempeen en las Administraciones de origen, a los solos efectos de que los funcionarios puedan participar en los concursos de traslados que convoquen el Estado y las Comunidades Autnomas.

    4. Las convocatorias para ingreso a los Cuerpos o Escalas a que se refiere este artculo, as como las de los concursos en los que puedan participar funcionarios de otras Adminis-traciones Pblicas, segn lo establecido en el presente Ttulo, debern, para su validez, ser publicados en el Boletn Oficial del Estado, con independencia de su anuncio en cual-quier otro medio de publicidad.

    Artculo 38

    1. Se crea el Consejo Superior de la Funcin Pblica, que estar integrado por represen-tantes de la Administracin del Estado, de las Comunidades Autnomas y del personal, en las proporciones que establezca la Ley que fije las bases del rgimen estatutario de los funcionarios.

    2. Se constituir una Comisin permanente de los titulares de los rganos directamente encargados de la Administracin del personal del Estado y de las Comunidades Aut-nomas, a efectos de homologar las polticas del personal, para formar el plan de oferta de empleo en las Administraciones Pblicas y proponer las medidas de uniformidad del rgimen funcionarlal y dems que sean precisas para ejecutar lo establecido en la presente Ley o en la Ley a que se refiere el prrafo anterior.

    DISPOSICIONES ADICIONALES

    Primera. La Administracin del Estado deber regularizar la situacin econmica y admi-nistrativa del personal a su servicio antes de proceder a su traslado a las Comunidades Autnomas. En todo caso, la Administracin estatal ser responsable del pago de los atrasos o cualesquiera indemnizaciones a que tuviera derecho el personal por razn de su situacin con anterioridad al traslado.

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    Segunda. Los funcionarlos estatales transferidos a las Comunidades Autnomas podrn desempear puestos de trabajo dependientes de las Diputaciones Provinciales en tanto que stas ejerzan competencias propias de las Comunidades Autnomas y acten como rganos de las mismas sin que se altere la disciplina legal de su relacin de empleo ni, por consiguiente, su condicin de funcionarios estatales adscritos al servicio de la Comunidad Autnoma.

    Tercera. Las disposiciones de la presente Ley sern de aplicacin al personal contratado en la medida en que las peculiaridades de su rgimen lo permitan.

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    V. ANTEPROYECTO DE LEY DEL FONDO DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL

    Artculo 1. Propsito del Fondo

    1. Con el fin de corregir desequilibrios econmicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, anualmente se dotar en los Presupuestos Generales del Estado un Fondo de Compensacin Interterritorial, de acuerdo con lo establecido en el artculo 16 de la Ley Orgnica de Financiacin de las Comunidades Autnomas.

    2. Las inversiones del sector pblico estatal no comprendidas en el Fondo de Compensa-cin Interterritorial se inspirarn igualmente en el principio de solidaridad.

    Artculo 2. Cuanta del Fondo

    1. La cuanta de la dotacin anual del Fondo de Compensacin Interterritorial se deter-minar aplicando un porcentaje sobre la base constituida por la inversin pblica, en los trminos en que se define en el artculo siguiente.

    2. El porcentaje a que se refiere el nmero anterior se fijar mediante Ley en la que se contendr el correspondiente a cada uno de los cinco aos siguientes. Dicha Ley deber estar aprobada antes del mes de marzo del ao inmediatamente anterior al primero para el cual se seala el porcentaje.

    En todo caso, el porcentaje que se fije no ser inferior al 30 por 100.

    Artculo 3. Base de clculo

    1. Para determinar la base de clculo del Fondo se entender por inversin pblica el conjunto de los gastos destinados a inversiones reales que figuren en los Presupuestos Generales del Estado, incluidas las del propio Fondo de Compensacin Interterritorial, as como los gastos de igual naturaleza previstos en sus respectivos presupuestos por los Organismos Autnomos del Estado y las transferencias de capital efectuadas por el Estado y los Organismos Autnomos en favor de las Entidades locales con destino a proyectos de inversin.

    2. A tal efecto, no se computarn:

    a) Los gastos de inversin destinados a conservacin, mejora y sustitucin del capital afecto a la prestacin de servicios pblicos.

    b) Los gastos de defensa.

    Artculo 4. Criterios de distribucin

    El Fondo de Compensacin Interterritorial se distribuir de acuerdo con los siguientes criterios:

    1. Sern beneficiaras del Fondo todas las Comunidades Autnomas.

    2 El Fondo se asignar a los distintos territorios beneficiarios, en funcin de las siguientes variables y ponderaciones:

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    a) El 70 por 100 del mismo se distribuir en forma inversamente proporcional a la renta por habitante de cada territorio, ponderando dicha distribucin en la forma que se indica en el artculo siguiente.

    b) El 20 por 100 se distribuir en forma directamente proporcional al saldo mi-gratorio ponderado en la forma indicada en el artculo siguiente.

    c) El 5 por 100 se distribuir en forma directamente proporcional al paro exis-tente segn ste se define, igualmente, en el artculo siguiente.

    d) Finalmente, el 5 por 100 restante se distribuir en forma directamente propor-cional a la superficie de cada territorio.

    e) El hecho insular se estimar aumentando la cantidad que le correspondiese a tales territorios de acuerdo con los criterios anteriores en un 5 por 100, ms un 1 por 100 por cada 50 kilmetros de distancia existente entre los territorios insula-res y la Pennsula. La cantidad que ello suponga reducir proporcionalmente la correspondiente a los restantes territorios.

    Artculo 5. Definicin de las variables

    1. A los efectos de aplicar los criterios de distribucin del artculo anterior, las variables mencionadas debern calcularse de conformidad con las siguientes definiciones:

    a) La distribucin inversamente proporcional a la renta por habitante referida en la letra a) del segundo apartado del artculo anterior, se ponderar por la po-blacin correspondiente a cada Comunidad Autnoma multiplicada por la re-lacin existente entre la renta por habitante de la Comunidad que la tenga ms baja y la correspondiente a cada Comunidad.

    b) La variable migratoria incluida en la letra b) del segundo apartado del artcu-lo anterior se definir por la media del saldo migratorio interno de cada Comu-nidad ms la media de emigracin exterior, correspondiente a los ltimos diez aos. A estos efectos, tomarn valor cero las Comunidades cuyo saldo sea posi-tivo, distribuyndose exclusivamente entre las restantes.

    c) La variable de paro a que se refiere la letra c) del segundo apartado del artcu-lo anterior expresar las diferencias entre la tasa de paro existente en cada Co-munidad y la tasa media nacional. A estos efectos se computarn solamente las Comunidades cuya tasa de paro se site por encima de la media, tomando valor cero las restantes.

    d) La distancia a que se refiere la letra e) del apartado segundo del artculo ante-rior ser la medida sobre arcos del crculo mximo de la capital de Baleares a la capital de Espaa y, en el caso de Canarias, la semisuma de las distancias de las dos capitales de provincia de esta Comunidad a la capital de Espaa.

    2. A los efectos de obtener la distribucin a la que se refiere el nmero anterior se utili-zarn los siguientes datos:

    a) Para la renta por habitante se utilizar la ltima estimacin del INE.

  • 39

    b) Para la poblacin se utilizar la estimacin del INE para el mismo ao al que se refieren los valores de la renta per cpita.

    c) Para el saldo migratorio se utilizar la cifra del mismo para los ltimos diez aos de los que se disponga de datos incrementada en la emigracin exterior relativa al mismo perodo.

    d) Para la determinacin de los porcentajes de desempleo se utilizar la media de los cuatro ltimos trimestres para los que se disponga de datos de la Encues-ta de Poblacin Activa.

    e) Para la superficie se utilizarn las cifras publicadas por el Instituto Geogrfico Nacional.

    3. El Instituto Nacional de Estadstica elaborar y publicar los datos precisos que han de servir para determinar la participacin final que corresponda a cada Comunidad Autnoma en el Fondo de Compensacin Interterritorial.

    Artculo 6. Destino del Fondo

    El Fondo de Compensacin Interterritorial se destinar a gastos de inversin real que coadyuven a disminuir las diferencias territoriales de renta y riqueza dentro de cada Comunidad Autnoma y, en particular, a proyectos de carcter local, comarcal, provincial o regional de infraestructura, obras pblicas, regados, ordenacin del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hbitat rural y transportes y comunicaciones.

    Artculo 7. Determinacin de los proyectos de inversin

    1. Los proyectos de inversin que deban financiarse con cargo al Fondo de Compensa-cin Interterritorial se decidirn, de comn acuerdo, por la Comunidad Autnoma y la Administracin Central del Estado, segn la distribucin de competencias existente en cada momento y en coordinacin con el resto de las inversiones pblicas que se vayan a realizar en el mbito territorial de la Comunidad. Dicho acuerdo deber alcanzarse no ms tarde del primero de mayo de cada ao, respecto de los proyectos a ejecutar durante el ao siguiente.

    2 En los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio figurar la dotacin del Fondo de Compensacin Interterritorial correspondiente a cada Comunidad, con relacin expresa de los proyectos de inversin que competen a cada administracin y de los concurrentes.

    3. Los proyectos de inversin a que se refiere el nmero anterior debern presentarse ordenados de acuerdo con las preferencias de la administracin responsable.

    Artculo 8. Programas de desarrollo regional

    1. Vendrn obligadas a elaborar un programa de desarrollo regional aquellas Comuni-dades Autnomas cuya dotacin con cargo al Fondo de Compensacin interterritorial resulte igual o superior al 8 por 100 de la cuanta total de ste.

    2. El Gobierno, consultado el Consejo de Poltica Fiscal y Financiera, aprobar la meto-dologa comn de los programas de desarrollo regional.

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    Artculo 9. Delegacin de la gestin

    Independientemente de cul sea la administracin, central o territorial, competente para decidir sobre un proyecto de inversin con cargo al Fondo de Compensacin Interterri-torial, la ejecucin del mismo podr delegarse en otra administracin.

    Artculo 10. Percepcin de las dotaciones

    Las Comunidades Autnomas beneficiaras del Fondo de Compensacin Interterritorial podrn disponer del mismo, a medida que vayan realizndose los proyectos de inver-sin, mediante la simple presentacin ante el Tesoro Pblico de una solicitud de libra-miento de fondos en la que consten los datos relativos a la obra ejecutada o adquisicin realizada.

    Artculo 11. Control parlamentario

    1. El control parlamentario de los proyectos de inversin financiados con cargo al Fondo de Compensacin Interterritorial, tanto si se trata de los efectuados por la Administra-cin Central como por la territorial, se llevar a cabo por las Cortes Generales, de acuerdo con la normativa general existente al efecto.

    2 No obstante, el Tribunal de Cuentas presentar ante las Cortes Generales informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con cargo al Fondo de Compen-sacin Interterritorial.

    3. Asimismo, con objeto de permitir el control parlamentario, las administraciones competentes que efecten gastos con cargo al Fondo de Compensacin Interterritorial, debern contabilizar analticamente los costes imputables a cada proyecto, as como las unidades fsicas de realizacin del mismo que resulten ms significativas. Dicha infor-macin se pondr igualmente a disposicin de las Cortes Generales a travs del Tribunal de Cuentas.

    4. El destino de las dotaciones del Fondo de Compensacin Interterritorial a finalidades distintas de las previstas tendr el mismo tratamiento sancionador, cualquiera que sea la administracin que incurra en dicho comportamiento.

    Artculo 12. Remanentes

    Los remanentes de crditos no comprometidos correspondientes a proyectos de inver-sin financiados con cargo a la dotacin del Fondo de Compensacin

    Interterritorial asignada a una Comunidad podrn incorporarse, por una sola vez, a los crditos del ejercicio siguiente de dicha Comunidad. Caso de persistir en ejercicio sucesivo tales remanentes, stos se incorporaran a la dotacin global del Fondo.

    Artculo 13. Proyectos conjuntos

    1. Las dotaciones del Fondo de Compensacin Interterritorial podrn dedicarse a finan-ciar proyectos conjuntos de distintas administraciones.

    2. Cuando entre los proyectos de inversin incluidos en el Fondo de Compensacin Interterritorial que corresponda a una Comunidad existan algunos a realizar por las Entidades locales, la Comunidad transferir a las Diputaciones o Ayuntamientos los recursos necesarios para financiar tales proyectos.

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    Artculo 14. Gastos de funcionamiento de las inversiones

    1. Los gastos de funcionamiento que pudieran generar las inversiones realizadas con cargo al Fondo de Compensacin interterritorial en materias de competencia de las Comunidades Autnomas se cubrirn con los recursos de stas.

    2. Excepcionalmente, cuando se trate de inversiones efectuadas por una Comunidad en un servicio cuya dotacin en dicha Comunidad no alcance el nivel mnimo que garantiza el artculo 15 de la Ley Orgnica de Financiacin de las Comunidades Autnomas, al fijarse la cuanta de las asignaciones presupuestarias correspondientes a dicha Comu-nidad en los Presupuestos Generales del Estado se contemplar la capacidad financiera de la referida Comunidad para asumir los gastos corrientes derivados de tales inver-siones.

    DISPOSICIONES TRANSITORIAS

    Primera

    Cuando en la presente Ley se haga referencia a las Comunidades Autnomas, debern entenderse igualmente incluidos los Entes Preautonmicos.

    Segunda

    El porcentaje a que se refiere el artculo 2 de la presente Ley, aplicable para el quinquenio 1982-1986, ser el 40 por 100.

    Tercera

    Los artculos 7, 8, 11.2 y 11.3 de la presente Ley no se aplicarn a la dotacin del Fondo en 1982.

    Tampoco sern de aplicacin los artculos 9, 10, 13 y 14 en relacin con la dotacin del Fondo en 1982, destinada a Entes Preautonmicos.

    Cuarta

    Hasta que finalice el proceso de transferencias a todas las Comunidades, la dotacin del Fondo de Compensacin Interterritorial no podr resultar inferior al conjunto de las inversiones reales nuevas, vinculadas a los servicios transferidos a las Comunidades Autnomas.

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    COLECCIN INFORME

    1. El Estado y las Fuerzas Armadas.

    2. La Seguridad Social de los Funcionarios. Fuerzas Armadas y Funcionarios civiles del Estado.

    3. El Mensaje de la Corona.

    4. La descolonizacin del Sahara.

    5. La hora de las reformas. El Presidente del Gobierno ante las Cortes Espaolas. Sesin plenaria del 28 de enero de 1976.

    6. La Defensa de la Comunidad Nacional.

    7. Mensaje de la Corona / II. Primer mensaje Real, a las Fuerzas Armadas, a la Familia Espaola, al Pueblo de Catalua, al Consejo del Reino.

    8. Calendario para la Reforma Poltica.

    9. Los Reyes en Amrica. 1. Repblica Dominicana y Estados Unidos.

    10. Medidas econmicas del Gobierno. 8 de octubre de 1976.

    11. Los Reyes en Amrica. 2. Colombia y Venezuela.

    12. Los Reyes en Europa. 1. Francia.

    13. Reforma Constitucional. Proyecto de Ley para la Reforma Poltica.

    14. La nueva Ley Fundamental para la Reforma Poltica.

    15. Mensajes de la Corona / III. A las primeras Cortes democrticas de la Monarqua.

    16. Los Reyes en Amrica. 3. Venezuela. Guatemala. Honduras. El Salvador. Costa Rica. Panam.

    17. Los Pactos de la Moncloa. Texto completo del Acuerdo sobre el Programa de saneamiento y reforma de la economa y del Acuerdo sobre el Programa de actuacin jurdica y poltica.

    18. Los Pactos de la Moncloa. Cumplimiento del Programa de actuacin jurdica y poltica (27 octubre 1977-27 enero 1978).

    19. I. Los Pactos de la Moncloa. Cumplimiento del Programa de saneamiento y reforma de la economa. 1. Poltica de empleo y rentas, salarios y seguridad social.

    19. II. Los Pactos de la Moncloa. Cumplimiento del Programa de saneamiento y reforma de la economa. Poltica monetaria, Reforma fiscal y Reforma del sistema financiero.

    20. Regmenes preautonmicos y disposiciones complementarias. Catalua, Pas Vasco, Galicia, Aragn, Canarias, Pas Valenciano, Andaluca, Baleares, Extremadura, Castilla y Len, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha.

    21. Un nuevo horizonte para Espaa. Discursos del Presidente del Gobierno 1976-1978.

    22. El Gobierno ante el Parlamento. 22 junio 1977-31 octubre 1978.

    23. Mensajes de la Corona / IV. Primer mensaje de la Corona (1975); Apertura de las Cortes Consti-tuyentes (1977); Sancin a la Constitucin Espaola (1978).

    24. Discurso de Investidura. Congreso de los Diputados 30.3.1979.

    25. Mensajes de la Corona / V. A las Cortes Generales.

    26. Los Reyes en Europa. 2. Universidad de Estrasburgo y Consejo de Europa.

    27. Mensajes de la Corona / VI. Mensajes de Navidad 1975-1979.

    28. El Gobierno ante el Parlamento / 2. Comunicacin del Gobierno y discurso de su Presidente en el Congreso de los Diputados 17 y 20 de mayo de 1980.

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    29. El Gobierno ante el Parlamento / 3. La Cuestin de confianza. Discurso del Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados. Pleno del 16.9.1980

    30. Discurso de Investidura. Congreso de los Diputados 19.2.198.

    31. Los Reyes con el Pueblo Vasco.

    32. Informe de la Comisin de Expertos sobre Autonomas. Centro de Estudios Constitucionales. Mayo 1981.

    33. El Defensor del Pueblo. Legislacin Espaola y Derecho comparado.

    34. Informe de la Comisin de Expertos sobre financiacin de las Comunidades Autnomas. Centro de Estudios Constitucionales. Julio 1981.

    35. Partidos Polticos. Regulacin Legal. Derecho comparado, Derecho espaol y Jurisprudencia.

    36. Acuerdos autonmicos 1981.

    37. Regulacin jurdico-pblica de los productos alimentarios.

    38. La Seguridad Social Espaola. Programa de mejora y racionalizacin.

    39. Los Reyes en Europa. 3. El Premio Carlomagno.

    40. Mensajes de la Corona / VII. Apertura de la Legislatura.

    41. Discurso de Investidura. Congreso de los Diputados.

    42. Acuerdo sobre retribuciones del personal de la Administracin del Estado.

    43. Consejo de Estado. Discursos pronunciados en el acto de toma de posesin del Presidente del Consejo de Estado.

    44. Los Reyes en Amrica. 4. Uruguay. Brasil. Venezuela: Premio Simn Bolvar.

    45. El Gobierno ante el Parlamento / 4.

    46. Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Funcin Pblica.

    47. El Gobierno ante el Parlamento / 5.

    48. Proyecto de Ley de rganos de representacin, determinacin de las condiciones de trabajo y participa-cin del personal al servicio de las administraciones pblicas.

    49. Consejo de Estado.

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    I. PREMBULOII. ACUERDOS POLTICO-ADMINISTRATIVOS1. MAPA AUTONMICO2. ELABORACIN Y TRAMITACIN DE LOS ESTATUTOS3. COMPETENCIAS4. CUESTIONES RELATIVAS A LOS RGANOS DE REPRESENTACIN Y GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES AUTNOMAS5. CUESTIONES RELATIVAS A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS Y A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES6. TRANSFERENCIAS7. POSIBLES PREVISIONES PARA CANTABRIA Y LA RIOJA8. RESPETO A LOS ESTATUTOS DE AUTNOMIA EN VIGOR

    III. ACUERDOS POLTICOS EN MATERIAS ECONMICO-FINANCIERASIV. ANTEPROYECTO DE LEY ORGNICA DE ARMONIZACIN DEL PROCESO AUTONMICOV. ANTEPROYECTO DE LEY DEL FONDO DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL